La crisis en Ceuta desatada este verano condiciona enormemente el arranque del curso político en general y la estrategia para el mismo del Partido Popular (PP) muy en particular. Alberto Núñez Feijóo presidió este lunes la primera reunión después de las vacaciones del Comité de Dirección de su formación y les dejó claro a los suyos una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se concreta en tres frentes: devolver a todos los inmigrantes que llegaron irregularmente a la ciudad autónoma en los últimos días de julio, lo que incluye a los menores; denunciar una situación de claro riesgo sanitario para la población ceutí y por último, pero no menos importante, poner en duda incluso las verdaderas intenciones del Ejecutivo de PSOE y Sumar en una crisis que tiene una clara dimensión migratoria pero que es también un conflicto diplomático de primer nivel con Marruecos.
En lo referente al futuro de quienes entraron de manera irregular en territorio español a través del paso de El Tarajal el 30 y el 31 del pasado mes, la postura de Feijóo está acompasada con la del presidente de la Asamblea de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, y es inflexible: ni aceptar a quienes entraron ilegalmente, ni siquiera conceder asilos a quienes puedan llegar desde otros lugares distintos de Marruecos, más al sur del continente africano. El PP cree que lo contrario sería mandar un mensaje de debilidad y convertir la ciudad autónoma del norte de África en un destino preferente para las mafias que trafican con inmigrantes. Para cargarse de razón, los populares, como volvió a hacer en su reaparición en las ruedas de prensa semanales en Génova el portavoz de la formación, Borja Sémper, recuerdan que fueron dos importantes ministros del Gobierno, los titulares de Interior y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, quienes abogaron a las claras por el retorno de las decenas de miles de personas que llegaron hace casi un mes a territorio ceutí.
Pero además, los conservadores enarbolan una y otra vez la condición que la Unión Europea (UE) concede al vecino del sur como «país seguro», tal y como reza el pacto comunitario de migración y asilo.
Junto a esto, y evidentemente sin que sea un elemento desconectado, los populares denuncian una situación sanitaria muy alarmente sobre el terreno. Tanto como para exigir al Gobierno confinamientos de la población migrante llegada a Ceuta, una propuesta con la que se descolgó el propio Feijóo en una entrevista con Europa Press, recibiendo por ello no solo el rechazo del Ejecutivo, sino acusaciones de «racismo» como la que le espetó la portavoz gubernamental y titular de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz. Nada que parezca amilanarle, al menos de momento. Los populares creen que el Gobierno no ha sido transparente, especialmente la ministra de Sanidad, Mónica García (de Sumar), que solo tiene competencias hospitalarias en Ceuta y en Melilla, y que ha faltado información epidemiológica de lo que ocurre desde hace cuatro semanas en la ciudad autónoma.
La experiencia en el Insalud con Aznar
Feijóo, como presidente que fue del extinto Insalud en el primer Gobierno de José María Aznar, entre 1996 y 2000, presume siempre de conocer bien la gestión hospitalaria, y en especial lo que ocurre en Ceuta y Melilla, aunque en su época tenía bajo su mando la red de otras comunidades autónomas, todas las que como Madrid, Aragón o Baleares, entre otras, aún no habían recibido esa transferencia competencial, que se completó en la misma época de Aznar.
En este apartado específico, como en el resto de la gestión de la crisis, el principal reproche del PP es que el Gobierno actúa con una clara falta de reflejos. Por ejemplo, al haber esperado al pasado viernes para nombrar a un coordinador, en la figura del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, como adelantó EL PERIÓDICO, o por ejemplo habiendo esperado a este mismo martes, cuando el Consejo de Ministros vuelve a reunirse tras las vacaciones, para convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. El propio presidente del PP aseguró al respecto en las redes sociales: «España sufre una violación de su integridad territorial y Sánchez tarda casi un mes en convocar al Consejo de Seguridad Nacional. A buenas horas».
Precisamente esa convocatoria la reclama el Grupo Popular en una nueva Proposición no de Ley (PNL) registrada este lunes, donde también se instará al Gobierno (sin que la iniciativa tenga carácter vinculante y siempre que la propuesta obtenga mayoría suficiente en la Cámara Baja) que solicite el despliegue de Frontex, como le ofreció a Sánchez en una carta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, o que impulse un mayor reconocimiento de Ceuta y Melilla en la UE, solicitando su entrada en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.
Esa tardanza o falta de reflejos de la que según el PP ha adolecido el Gobierno y en particular Sánchez le sirven para articular el tercer frente de su ofensiva, la de poner en duda las verdaderas intenciones. Un argumento que apunta al particular devenir de Sánchez sobre Marruecos, de la acogida en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que provocó la anterior avalancha migratoria en 2021, al posterior giro copernicano en 2022, aceptando la soberanía marroquí sobre el Sahara. Esta semana comparecen en el Congreso Margarita Robles (Defensa), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia) y los citados Grande-Marlaska, Albares, García y Saiz, momento en el que los populares le espetarán cara a cara al Ejecutivo todos estos reproches de fondo.
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