Después de 27 días de baños en La Mareta, Sánchez vuelve de vacaciones y se sumerge en la crisis ceutí. Durante estos ocho años, el presidente del Gobierno ha acostumbrado a gobernar a base de bandazos —como en los indultos, la ley de amnistía o el Sáhara—, pero ninguno ha supuesto una enmienda a la totalidad de su gestión como la que ha iniciado en este arranque de curso.
Casi un mes después de la invasión de 80.000 personas, Pedro Sánchez, reunirá este martes al Consejo de Seguridad Nacional y decretará la “situación de interés para la Seguridad Nacional”, con un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Se trata precisamente del mando que el Gobierno se negó a aplicar durante semanas, pese a que Alberto Núñez Feijóo y Juan Jesús Vivas lo solicitaban en cada intervención y pedían la declaración de «emergencia nacional»
Incluso este pasado viernes, el Ejecutivo anunció que Torres coordinaría a los ministros, pero dejó fuera de ese mando al Gobierno ceutí, como proponía el propio Vivas.
Y este martes, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el ministro canario será el encargado de aplicar esta fórmula para hacer frente a esta crisis, aunque sin llegar a un estado de alarma o excepción.
La decisión supone, por tanto, un giro respecto a la estrategia seguida desde que estalló la crisis, el pasado 30 de julio.
Al día siguiente, Sánchez viajó a la ciudad en un desplazamiento de 105 minutos, en el que habló de un “ataque a la soberanía”, pero evitó señalar a Marruecos y dirigió sus críticas a «las mafias».
El Ejecutivo lo fiaba todo al retorno de los inmigrantes. Así parecía en las primeras horas, cuando la inmensa mayoría de los 80.000 asaltantes regresaron por su propio pie a Marruecos.
“Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez”, llegó a afirmar en X Óscar Puente, glosando la figura del presidente del Gobierno.
Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) August 1, 2026
Pero en la ciudad autónoma se mantuvieron más de 10.000, los mismos que en 2021 entraron en Ceuta de forma ilegal y que motivaron un choque con Rabat.
El problema se fue enquistando y, con él, la indignación ceutí, que sigue, casi un mes después, sin recuperar la normalidad.
En varias federaciones socialistas admiten en privado que las imágenes del caos en Ceuta han pasado factura al partido y que, lejos de ser una serpiente de verano, la crisis condicionará el nuevo curso político.
El cambio de percepción no se limita a los territorios. En el seno del partido reconocen que se está produciendo un cambio de postura entre la ciudadanía y también entre las bases del PSOE en materia inmigratoria: se asume que quienes entraron deben volver, pese a que en algunos casos, como el de los menores, la solución tiene un difícil encaje legal.
Así que el Ejecutivo se encuentra en una encrucijada.
El giro de Sánchez ha causado sorpresa incluso en el dividido PSOE ceutí. “Una falta de improvisación”, aseguran en el grupo parlamentario caballa enfrentado ahora a Ferraz, donde afirman que la medida que se aprobará en el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego “llega tarde”.
La cuestión es que la crisis ha colocado al Gobierno ante un problema que va mucho más allá de la inmigración. El Ejecutivo llega al arranque del curso político asediado por la corrupción y obligado ahora a responder también por la falta de gestión ante una emergencia que durante semanas se abordó fundamentalmente como un problema migratorio.
El combo de un Gobierno desgastado, un partido investigado en los tribunales y un presidente haciendo frente a una crisis de seguridad, sanitaria y social entre acusaciones de llegar tarde. Un combo que puede ser letal en los próximos sondeos.
No es la primera vez que se acusa a Sánchez de inacción. Ya ocurrió con la dana, pero esta vez el Gobierno no se ha encontrado enfrente a un político bisoño como Carlos Mazón, sino a un veterano y moderado barón del PP, Juan José Vivas, que ha unido a las cuatro religiones de la ciudad para canalizar el sentimiento de abandono por parte del Gobierno central en intervenciones diarias.
La primera rectificación
Ceuta tiene, a diferencia de otras comunidades, unas competencias estatales especialmente amplias, y la desaparición de la ministra Mónica García en pleno brote de sarna y tuberculosis y con el sistema sanitario colapsado también le ha pasado factura al socio minoritario.
A ello se sumó la ausencia de ministros durante siete días. Por la ciudad autónoma solo estuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hubo que esperar una semana para que acudiera la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
A partir del día 10, en una primera rectificación, comenzaron a desfilar por la ciudad un ministro al día, mientras escuchaban los improperios y las quejas de una ciudadanía que se sentía abandonada y de un Ejecutivo autonómico que reclamaba más medios.
Al final, tras tres semanas, fue la ministra de Inclusión, Elma Saiz, la que se instaló temporalmente en la ciudad para intentar desalojar la playa del Trampolín y crear un nuevo emplazamiento con carpas, pero todo fue en balde ya que 500 de ellos volvieron.
La magnitud del problema sigue sin estar siquiera cuantificada. El Ejecutivo admite ahora que todavía no sabe cuántos inmigrantes ilegales permanecen en Ceuta, ni siquiera cuántos de ellos son menores.
La mayoría no están filiadas, muchos siguen escondidos o incluso, en el caso de los más pequeños, acogidos en casas de familiares.
Y es precisamente en este contexto cuando Sánchez decide dar el giro y situar la crisis bajo el paraguas de la Seguridad Nacional.
El movimiento no es menor. Supone reconocer, casi un mes después, que lo ocurrido en Ceuta no puede abordarse únicamente como una crisis migratoria y que requiere una respuesta coordinada desde el conjunto del Estado.
La elección de Ángel Víctor Torres como responsable de ese mando único también encierra un mensaje político. En el Gobierno defienden su elección porque “ha hecho frente a crisis similares” cuando era presidente de Canarias y porque creó el último decreto para cambiar los cupos de reparto de menores entre comunidades.
Pero la decisión revela también cuál sigue siendo la prioridad de Moncloa: abordar la crisis desde la perspectiva migratoria, como si fuera una cuestión a resolver entre las comunidades autónomas.
Torres acumula experiencia precisamente en esa materia y su principal cometido será coordinar a los ministerios implicados en la gestión de los inmigrantes y los menores.
Ahí aparece la principal contradicción del giro de Sánchez. El Gobierno eleva ahora la respuesta a la categoría de Seguridad Nacional, pero mantiene al frente a un ministro cuya experiencia y funciones están estrechamente vinculadas a la política migratoria. Es decir, cambia el instrumento, pero no necesariamente el diagnóstico.
La diferencia es relevante porque, durante los incendios de este verano, Moncloa sí designó a Marlaska al frente del mando único. En aquella ocasión, la respuesta se articuló claramente desde la seguridad y la emergencia.
En Ceuta, después de semanas de caos, el Ejecutivo opta ahora por la misma fórmula, pero colocando al frente a un ministro de Política Territorial con un marcado perfil migratorio.
Presión parlamentaria
El cambio de Sánchez coincide con el arranque del curso político y con la comparecencia en el Congreso de siete ministros para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta.
Todo tras el plantón al Senado de tres ministros y el amago de la titular de Defensa de comparecer pero obligada a rectificar.
La ronda en la Cámara Baja la abrirá la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cerrará el próximo lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. En el PP no cesan en la presión y en la Diputación Permanente se debatirán hasta 11 nuevas comparecencias de ministros.
Todo depende, una vez, de los socios que podrían volver al Gobierno en un brete y evitar dar carpetazo a las explicaciones con esta semana con todavía media España de vacaciones.
En el PP quieren que los principales parezcan en el pleno y otras, como la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la Comisión de Igualdad, para explicar las violaciones sufridas en Ceuta.
Sánchez vuelve así de vacaciones con una crisis que el Gobierno creyó inicialmente resuelta y que, casi un mes después, le obliga a cambiar de estrategia.
El giro llega tarde, después de semanas de críticas de la oposición y del Gobierno ceutí, pero también después de que las imágenes de caos hayan dejado huella en la ciudad y en el propio PSOE que amenaza con la expulsión a los díscolos.
