Herennia Trillo declaró como denunciante y testigo protegido ante la Fiscalía Europea que Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual Ministro de Política Territorial, había recogido una mochila con «fajos de billetes» en una vivienda del empresario Noel Jammal en Madrid.
La asesora y crítica de arte relacionó el supuesto pago con las comisiones generadas por varios contratos de material sanitario adjudicados por el Gobierno de Canarias durante la pandemia. Torres presidía entonces el Ejecutivo autonómico.
El pago, según la denunciante que tuvo durante un tiempo la condición de testigo protegido, se produjo a principios de otoño de 2020.
Este episodio formó parte del testimonio ante la Fiscalía Europea prestado por la denunciante dentro del denominado caso Damco, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la investigación.
La Fiscalía Europea investigó y no pudo corroborar el pago al actual ministro, aunque sí otros muchos de los hechos denunciados en el caso. Sin embargo, tanto el empresario Noel Jammal como el exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Domínguez continúan imputados.
También tienen la condición de investigados la que era directora de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias, Ana María Pérez; el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna; y los empresarios Miguel Ángel Ramírez y Christian Cerpa.
La declaración se produjo en septiembre de 2023 tras la denuncia. Trillo señaló que conocía el funcionamiento de las operaciones por conversaciones mantenidas con el propio Noel Jammal, con quien trabajaba en otros temas, y con la intermediaria Felisa Frial, a quienes atribuyó comentarios sobre el reparto de comisiones y la búsqueda de nuevos negocios.
La entrega
La testigo aseguró que vio personalmente a Ángel Víctor Torres en un inmueble situado en la Avenida de Carondelet, en Madrid.
La testigo describió con todo lujo de detalles la vivienda y el entorno empresarial de Jammal. Y sostuvo que vio al entonces presidente canario recoger esa mochila.
La entrega de dinero, que vio accidentalmente y por sorpresa al cruzar la planta baja para ir a un cuarto de baño, se produjo en un despacho en el que se encontraban Jammal, Ángel Víctor Torres y otras dos personas que no supo identificar.
Según su testimonio, Ángel Víctor Torres recogió una mochila oscura que estaba abierta y en la que la testigo asegura que vio un gran «fajo de billetes».
El interior del lujoso chalet en la Avenida Carondelet, propiedad de una de las empresas de Noel Jammal.
Además, Trillo dio detalles sobre la casa que tiempo después fueron corroborados por la UDEF. Por ejemplo, una cámara acorazada en la que Jammal guardaba dinero y armas.
Sin embargo, la Fiscalía Europea, hasta este momento de la investigación, no encontró más pruebas de esta supuesta entrega de dinero a Ángel Víctor Torres.
Tras su comparecencia, la denunciante entregó documentación y un listado de sociedades que, según su versión, formaban parte de la estructura investigada. Además, ayudó a que otros denunciantes y perjudicados se adhirieran a esa denuncia y testificaran también ante la Fiscalía Europea.
También trasladó información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y comunicó inversiones que atribuía a miembros del entramado.
Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la declaración de la testigo fue clave para hallar dinero de las comisiones en cuentas ubicadas en Reino Unido y Sudáfrica.
Herennia Trillo, la testigo que declaró haber visto a Ángel Víctor Torres recoger una mochila con billetes en casa de Noel Jammal.
La crítica de arte afirmó, además, que empezó a sufrir presiones desde que comenzó a filtrar la información a la prensa y denunciarlo judicialmente.
Constan denuncias de daños en las cerraduras de su domicilio; llamadas a familiares; advertencias en la calle; intentos de acceso a sus dispositivos; seguimientos denunciados ante la Policía; y una campaña dirigida a desacreditarla profesionalmente, que incluyó una denuncia por una supuesta estafa en la venta de una obra de arte atribuida al pintor Caravaggio.
El pasado 16 de julio, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid archivó la causa por falta de indicios y tanto el magistrado como la Fiscalía afirman que nunca hubo atribución de la obra al pintor italiano.
La denuncia fue interpuesta por el empresario Noel Jammal cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre el caso Damco en los medios de comunicación.
Trillo declinó hacer comentarios al respecto de todo este caso tras ser consultada por EL ESPAÑOL.
El caso Damco
La causa investigada analiza las compras de productos sanitarios realizadas por el Servicio Canario de la Salud durante los momentos más graves de la crisis provocada por la Covid.
El centro de las pesquisas se encuentra en Damco Trading Services y Tanoja Services, dos empresas administradas por Noel Jammal. Entre 2020 y 2021 recibieron 13 adjudicaciones para suministrar mascarillas, guantes, batas, pruebas rápidas, hisopos, escobillones y jeringas.
El importe conjunto alcanzó los 23.927.610 euros. Damco obtuvo 10 contratos y Tanoja recibió los tres restantes. Parte de estas compras se financió mediante recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, lo que activó la competencia de la Fiscalía Europea.
El procedimiento comenzó tras una inspección de la Agencia Tributaria sobre la declaración de los beneficios obtenidos con las ventas. Las conclusiones fueron trasladadas a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que abrió diligencias y presentó una querella.
La investigación inicial apuntó a una posible falta de correspondencia entre parte del dinero abonado, los servicios declarados y el material entregado. La Fiscalía cifró inicialmente las cantidades cuestionadas entre 9 y 10 millones de euros.
El juzgado comenzó investigando posibles delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público dejó abierta también la posibilidad de que los hechos pudieran encajar en malversación, blanqueo de capitales o corrupción.
La intervención de fondos europeos amplió el alcance de las pesquisas. La Audiencia Nacional avaló que la Fiscalía Europea continuara investigando los contratos financiados mediante el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y rechazó las peticiones de archivo formuladas por las defensas y abrió un nuevo caso en paralelo al investigado en Canarias.
Los investigados
Noel Jammal ocupa una posición central. El empresario hispano-libanés administraba las dos sociedades que contrataron con el Servicio Canario de la Salud y aparece vinculado a numerosas mercantiles.
Junto a él figura Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente de la UD Las Palmas, relacionado con Tabaiba Capital. La Fiscalía sostiene que esta sociedad actuó como intermediaria entre las compañías de Jammal y el mercado canario.
El contrato suscrito con Tabaiba le atribuía la búsqueda de potenciales clientes y la asistencia en la venta de productos sanitarios. Como contraprestación, la mercantil cobraría «el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para los lotes de productos».
La documentación analizada cifra en alrededor de 9,1 millones de euros las transferencias realizadas por las empresas de Jammal a Tabaiba Capital. La acusación inicial calculó que esta última obtuvo unos beneficios netos conjuntos de 6,76 millones durante 2020 y 2021.
Tabaiba subcontrató parte de las gestiones con B&M Sport Marketing, administrada por Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria. El acuerdo atribuía a esta compañía tareas relacionadas con la recepción, distribución y control de la mercancía.
Los investigadores tratan de determinar si esos servicios se prestaron realmente y si las sociedades disponían de medios humanos y materiales suficientes. Christian Cerpa, empresario y dirigente político insular, también aparece relacionado con el destino final de parte de los fondos.
Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de la Salud, figura igualmente entre las personas investigadas. Las pesquisas examinan quién propuso contratar a las empresas, qué controles se aplicaron y cómo se autorizaron las compras.
La cadena investigada comienza con los pagos del organismo sanitario a Damco y Tanoja. El dinero habría pasado después por Tabaiba Capital y B&M Sport Marketing, antes de llegar a otras sociedades o cuentas.
La UDEF también ha seguido movimientos bancarios en el Reino Unido y Sudáfrica. Los agentes intentan identificar a los titulares reales de las cuentas, conocer quién ordenó las transferencias y determinar el destino definitivo de los beneficios.
Torres, en el punto de mira
Ángel Víctor Torres ha negado públicamente haber cobrado o reclamado comisiones durante su trayectoria política. Aunque sus declaraciones se referían a otras acusaciones sobre contrataciones sanitarias, su posición ha sido tajante.
«Si alguien es capaz de demostrar que yo he pedido un solo euro en mi larga carrera política, lo dejaría», afirmó el 28 de noviembre de 2024 ante la comisión de investigación del Senado.
El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática añadió que actuaría contra quienes difundieran acusaciones que considerase difamatorias.
La investigación mantiene el foco en la contratación, el recorrido del dinero y las sociedades que intervinieron en las operaciones.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El caso Damco no constituye el único episodio que ha situado bajo sospecha la gestión del material sanitario realizada por el Gobierno de Canarias presidido por Torres durante la pandemia.
Otras tres investigaciones han analizado contratos millonarios, suministros defectuosos y decisiones administrativas adoptadas bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres.
En el caso RR7 United, el Servicio Canario de la Salud adelantó cuatro millones de euros por un millón de mascarillas FFP3. La empresa, sin experiencia sanitaria, entregó cerca de 900.000 unidades falsas, que acabaron destruidas.
Pese al incumplimiento, el entonces director del SCS, Conrado Domínguez, autorizó modificar el contrato para sustituir el material.
El caso Koldo afecta a más de 12,3 millones adjudicados a Soluciones de Gestión. Parte de las mascarillas suministradas no cumplía la categoría FFP2 y, según la Guardia Civil, soportaba sobreprecios del 90%.
La Administración autonómica aceptó retasar el lote y concedió un nuevo encargo. Torres comunicó la resolución a Koldo García con el mensaje: «Asunto resuelto. Abre el vino«.
La última causa investiga los contratos con Eurofins Megalab, por 5,3 millones, para realizar pruebas en aeropuertos.
Según la UCO, Víctor de Aldama presentó el negocio a Torres. La empresa comenzó a operar en diciembre de 2020 sin contrato formalizado y antes de que el SCS dispusiera incluso de su NIF.
Represalias contra la testigo
Tras conocer los imputados que era Trillo quien denunció a prensa las supuestas irregularidades de los contratos y después denunció en Fiscalía Europea el caso, dos sociedades administradas por Jammal presentaron una denuncia relacionada con la venta de una pintura titulada Ecce Homo con dos sayones.
La defensa de la asesora interpreta aquella actuación como una represalia por su colaboración con los investigadores del caso Damco, tanto periodísticos como judiciales. La denuncia contra ella acabó archivada tras una instrucción de casi tres años con el consiguiente daño reputacional, económico y moral para Herennia.
Turman Inversiones y Desarrollos Logísticos del Llobregat acusaron a Trillo, a José Luis León Rodríguez y a otras personas de haber cometido una estafa durante la compraventa del cuadro.
Las mercantiles sostenían que los vendedores habían presentado la pintura como una obra cuya autoría correspondía a Caravaggio.
También afirmaron que, además de una transferencia de 20.000 euros, se habían abonado otros 255.000 euros mediante un circuito de pagos en efectivo respaldado por facturas supuestamente ficticias.
La investigación judicial no confirmó ninguna de esas dos acusaciones. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no encontró el supuesto dinero en efectivo entregado a Trillo ni ningún indicio de delito.
Mientras tanto, el caso Damco continúa centrado en el recorrido del dinero público. La Fiscalía Europea deberá determinar si los sobreprecios y las transferencias analizadas respondieron a servicios reales o encubrieron comisiones y desvíos de fondos comunitarios.
