Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018, ha pedido a la Audiencia Nacional que declare nulos la incautación y clonado de su teléfono móvil y que le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar.
La defensa de Serrano ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del juez Santiago Pedraz del pasado día 7 que rechazó anular la incautación de su teléfono y ordenó realizar un nuevo clonado.
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE y que reproduce en síntesis los argumentos del recurso ante el juez, se cuestiona la incautación del teléfono el 27 de mayo pese a que Pedraz «no autorizó la intervención» y cuando todavía no estaba investigado.
El exjefe de gabinete Sánchez critica, además, que la UCO lo clonase semanas después -cuando ya sí estaba imputado- sin cumplir el mandato del juez para que se hiciese en su presencia.
Pedraz reconoció en el auto recurrido «la existencia de un error involuntario» en el clonado del móvil, al haberse realizado sin la presencia de Serrano, aunque esta «no es exigida» por la ley.
Sin embargo, la defensa sostiene que «si el propio instructor consideró necesario imponer esa garantía adicional, no puede después sostenerse que su incumplimiento carece de relevancia», es decir, «dicha nulidad no se puede subsanar como lo ha pretendido el juez».
El juez aseguró que, tras el volcado del 14 de julio, no se ha podido «acceder o alterar el contenido de la información«, que aparece «volcada en bruto y entregada» en el juzgado.
No obstante, el letrado entiende que «se ha producido una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías» porque «al haber sido el desprecinto y el clonado un acto unilateral policial (sin LAJ ni defensa), violando un auto previo y tras un largo periodo de custodia con las claves de acceso expuestas, la autenticidad de la evidencia ha sido seriamente cuestionada».
Igualmente cuestiona la decisión del juez que le citó esta semana para realizar un nuevo clonado, una diligencia que según Pedraz «salva cualquier posible duda sobre la clonación íntegra y la salvaguarda del contenido del dispositivo intervenido».
No lo entiende así la defensa que considera que «ese acto no puede convalidar lo que nació viciado», al tiempo que critica que la posibilidad de acudir con un perito a esa cita no le fuera notificada con antelación, ya que se enteró el mismo día 18 en el juzgado, es decir, «se ofrece un derecho de control pericial cuya existencia se comunica cuando ya no es posible ejercerlo».
Juan Manuel Serrano fue imputado el 10 de julio, después de un oficio de la UCO que recogía indicios sobre su presunta implicación en las dos ramas del caso: los presuntos intentos de boicotear causas para «proteger al PSOE» y la trama sobre supuestas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de «rama SEPI».
Los investigadores apuntaron a que colaboró «estrechamente» con la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas, y le atribuyeron una participación «preeminente» en la trama de mordidas, por la contratación de esta en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
