Ningún político quiere anunciar una muerte. Ningún profesional de las emergencias quiere informar del fallecimiento de una persona. Ningún conocido quiere tener que llamar a la madre, a la pareja, al hijo de alguien para decirle que ha habido un accidente. Y, sin embargo, el número de muertos por ahogamiento ha crecido en lo que va de verano. Todas las muertes accidentales son pérdidas inesperadas, pero, si además estas se dan por irresponsabilidad propia, la sensación que queda en todo el entorno es de pérdida evitable.
¿Por qué no hizo caso de la bandera roja? ¿Por qué entró tan lejos en el mar si no sabía nadar muy bien? ¿Por qué no pidió ayuda cuando empezó a notar un calambre, un pinchazo en el pecho? ¿Por qué se tiraron desde esa roca si les habíamos dicho que no? Tantos porqués que quedan sin responder… Buscar culpables no sirve de mucho. En cambio, analizar las variables, las causas, las condiciones de esas muertes, puede ayudar a prevenir.
La posible responsabilidad está repartida. Algunas personas parecen guiarse por un instinto animal de ponerse a prueba, de competir, de sentir el peligro y la adrenalina. También hay responsabilidad colectiva: la del grupo que empuja a quien no se decide a subir más alto, de los vídeos en redes sociales donde alguien salta desde una roca o nada más lejos de la boya; la de esos progenitores que se desentienden o, incluso, incitan, a jóvenes aún inmaduros para que corran riesgos.
Por último, está la responsabilidad estructural o gubernamental, que debe proteger a la ciudadanía. En nuestra sociedad, esto pasa por promover las políticas de prevención y asegurar que llegan a todos los grupos sociales sin distinción. Una sociedad más igualitaria debe facilitar que las familias puedan encargarse del cuidado de los suyos y, si no pueden, que haya recursos públicos para hacerlo.
Ningún niño debe quedarse sin supervisión durante las vacaciones porque su familia no puede pagar un esplai o campamento de verano. También hay que desarrollar legislación y velar por su cumplimiento y proveer al personal técnico de los mecanismos y recursos necesarios para su trabajo. Obligar a la presencia de socorristas en algunas playas y piscinas es positivo, pero no es infalible. Son trabajos de temporada y no siempre en las mejores condiciones, con lo que a menudo atraen a personal inexperto, exhausto o desmotivado.
Además, el servicio de vigilancia de playas o piscinas debe ser suficiente. Una sola torre que debe mirar constantemente a todos lados quizá podrá dar el aviso en caso de emergencia pero no llegará hasta él, probablemente. La autoridad de estos profesionales también merece reflexión colectiva: siempre hay personas que ignoran veladamente los insistentes avisos del socorrista para que salgan del carril de embarcaciones, quienes ignoran una bandera roja porque les parece que el mar «no está tan mal» o saltan desde unas rocas donde hay un claro cartel de «prohibido saltar». Quien sale perdiendo ahí no es solo la víctima directa. El egoísmo individual pone en riesgo a quienes irán a socorrer, al entorno que sufrirá la pérdida y a la sociedad, que pondrá en duda la protección pública.
