El Gobierno ha formalizado este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el establecimiento temporal de controles fronterizos para los viajeros procedentes de Italia. La medida comenzó a aplicarse este sábado en aeropuertos y puertos españoles y se mantendrá, salvo cambios, hasta el próximo 7 de septiembre.
La orden del Ministerio del Interior justifica la decisión por la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y los riesgos derivados de los movimientos secundarios dentro del espacio Schengen, aunque nace como respuesta a las maniobras del Gobierno de Giorgia Meloni. El Ejecutivo español añade en la explicación que Italia estaría incumpliendo de forma deficiente las nuevas normas europeas sobre responsabilidad en materia de asilo.
En cualquier caso, los controles afectan ya desde este sábado a vuelos de pasajeros cuyo último aeropuerto de salida antes de llegar a España se encuentre en Italia. También compete a buques, ferris y otros servicios de transporte marítimo con origen en puertos transalpinos.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Código de Fronteras Schengen para situaciones excepcionales vinculadas al orden público o la seguridad interior. Bruselas recuerda que estas medidas deben ser de carácter temporal, necesario y proporcionado, además precisan que su alcance debe limitarse a lo puramente imprescindible.
199 pasajeros controlados en la primera jornada
La medida entró en vigor a las 00:00 horas del sábado 8 de agosto y permanecerá activa durante 30 días naturales, hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre. Interior ha precisado que podrá levantarse antes si desaparecen las circunstancias que motivaron su adopción.
En la primera jornada, la Policía Nacional realizó controles a 199 pasajeros de terceros países llegados desde Italia. Los datos facilitados por Interior sitúan esas inspecciones en vuelos procedentes de varias ciudades italianas y recuerdan que los controles se realizan de forma selectiva, sin interrumpir de manera general el flujo de viajeros.
La orden tampoco contempla una prórroga automática. Si el Gobierno quisiera prolongar los controles más allá del 7 de septiembre, tendría que aprobar una nueva decisión motivada y justificar de nuevo su necesidad y proporcionalidad conforme a las reglas de Schengen.
El choque con Italia se agrava tras la crisis de Ceuta
La decisión española llega después de varios días de tensión con Roma. El Gobierno italiano había restablecido previamente controles para viajeros procedentes de España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y anunció que mantendría la suspensión temporal hasta el 15 de agosto.
Madrid reclamó el viernes que Italia diese marcha atrás y le concedió un plazo de tres días para retirar la medida. En caso contrario, advirtió de que España adoptaría una respuesta proporcional.
El Ejecutivo de Giorgia Meloni respondió que no aceptaría “ultimátums ni imposiciones” y vinculó su decisión al riesgo de una nueva entrada masiva desde Marruecos, después de que en redes sociales circularan llamamientos para repetir el episodio de Ceuta el 15 de agosto. La negativa italiana acabó precipitando la respuesta española.
El movimiento eleva así un conflicto que comenzó en la frontera sur española y que ya tiene efectos sobre la libre circulación dentro de Schengen. España insiste en que sus controles buscan proteger sus intereses ante la decisión unilateral italiana y reducir los riesgos derivados de la presión migratoria procedente del Mediterráneo central.
La Comisión Europea mantiene, por su parte, que la reintroducción de controles en las fronteras interiores debe utilizarse solo como último recurso y quedar sometida a una evaluación continua de su necesidad y proporcionalidad.
