«Ha sido como un nuevo terremoto para la comunidad haitiana», asegura Guerline Jozef, fundadora de Haitian Bridges, una de las mayores organizaciones de haitianos en Estados Unidos. Más de 350.000 haitianos han perdido de la noche a la mañana su estatus migratorio, junto con los permisos de trabajo y residencia, y han quedado expuestos a la deportación. La metáfora de Jozef no es casual: el programa humanitario que Donald Trump acaba de suspender les ofreció protección en EEUU tras el terremoto de Haití de 2010, que dejó más de 300.000 muertos y afectó a más de tres millones de personas. Dieciséis años después, muchos han construido allí una nueva vida y trabajan en sectores esenciales, especialmente en la sanidad, por lo que su salida del mercado laboral tendrá un impacto inmediato en la sociedad estadounidense.
«Muchos llegaron de Haití con formación sanitaria, algunos médicos tuvieron que trabajar por debajo de su cualificación en EEUU», explica Guerline Jozef, reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes por su trabajo al frente de esta organización. Se calcula que entre 50.000 y 112.000 haitianos (aproximadamente un tercio de esta comunidad) trabajan en el sector sanitario. «Son los mismos a los que los políticos llamaron ‘trabajadores esenciales’ durante el covid, y que siguieron yendo a trabajar, arriesgando su vida para salvar la de otros», señala Jozef, en entrevista con EL PERIÓDICO. «Con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), podríamos estar generando una crisis en el sector sanitario«, advierte.
Trump ya puso a la comunidad haitiana en el punto de mira durante la campaña de 2024, cuando repitió en un debate presidencial televisado el falso bulo, difundido por la extrema derecha, de que los haitianos en Ohio se comían los perros y los gatos de sus vecinos. «Esa mentira racista y antiinmigrante, que fue difundida desde el nivel más alto del poder, buscaba deshumanizar a la comunidad para facilitar la retirada de sus protecciones humanitarias«, sostiene Jozef. «El fin del TPS es devastador para la comunidad haitiana, pero también para las personas que dependen de sus cuidados«, añade la líder haitiana.
Expulsar a 1,4 millones de trabajadores
El fin de las distintas categorías de TPS podría sacar del mercado laboral a cerca de 1,4 millones de trabajadores. «Esto sucede mientras el país registra una natalidad históricamente baja y entre ocho y 10 millones de vacantes cada mes», explica a este diario Jennie Murray, presidenta del National Immigration Forum.
Los inmigrantes representan el 15,6% del personal de enfermería y el 28% de los auxiliares sanitarios, según un estudio del Center for Migration Studies. En 2025, los nacidos en el extranjero suponían además el 19,1% de la población activa de EEUU. Su tasa de empleo es cinco puntos superior a la de los nacidos en el país, aunque ocupan puestos menos cualificados y cobran, de media, un 15% menos, según datos oficiales.
Si bien el TPS fue concebido por la Administración Bush, en 1990, como una protección, por definición, temporal, desde el National Immigration Forum se denuncia que ese estatus nunca permitió una forma de regularizarse. «Lo que no es aceptable es poner fin a un estatus sin proveer de ningún mecanismo de ajuste«, sostiene Jennie Murray.
Protesta contra las deportaciones de la Administración Trump en Sacramento, California, en particular en defensa del trabajador del campo. / JOHN G. MABANGLO / EFE
País de migrantes
La expulsión de los trabajadores de origen migrante podría notarse muy pronto en el bolsillo de los estadounidenses. Uno de cada cuatro trabajadores de la construcción y del campo es migrante, proporción que supera el 54% entre quienes clasifican y seleccionan productos agrícolas, según el informe La importancia de la mano de obra inmigrante para la economía estadounidense, del Center for Migration Studies.
«La regularización de la población indocumentada aportaría 1,2 billones de dólares a la economía estadounidense en 10 años y 184.000 millones anuales en impuestos», sostiene en el citado informe Kevin Appleby, director de política migratoria de la institución. En cambio, las deportaciones masivas «provocarían escasez de mano de obra y reducirían el PIB en 5,1 billones durante los próximos 10 años». Así, su cálculo contradice a quienes califican de «amnistía» o «regalo» la regularización de los migrantes ya presentes en el país.
Durante el primer mandato de Trump, EEUU ya perdió unos dos millones de migrantes, con efectos negativos en la hostelería, la sanidad, la construcción y la agricultura. La dificultad para encontrar estadounidenses dispuestos a hacer estos trabajos podría encarecer estos productos y servicios en un momento de elevada inflación y aumento del coste de la vida.
La reforma que no llega
La comunidad salvadoreña teme ser la próxima en perder el TPS. «La gente tiene mucho miedo. No quiere salir de casa», explica a este diario Francisco Semião, presidente de la Asociación Nacional Salvadoreña de EEUU (NSAA, por sus siglas en inglés), que asegura que algunos evitan incluso citas médicas o graduaciones por temor a ser detenidos.
EEUU ha estado en los últimos dos años más cerca que nunca de conseguir una reforma migratoria para un sistema obsoleto desde hace décadas. Sin embargo, la llamada Dignity Act (Ley de la Dignidad), una propuesta legislativa bipartidista que abriría una vía legal para millones de indocumentados a cambio de reforzar la frontera y los controles laborales, ha quedado paralizada con el regreso de Trump a la Casa Blanca. «Se está generando tanto miedo que algunos prefieren marcharse antes«, señala Carmen Rodríguez, directora de la NSAA. «La Administración les está acorralando para que no se sientan bienvenidos«, concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
