La Comisión Europea ha dado un paso clave en la recta final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al emitir una evaluación preliminar positiva sobre la denominada adenda de cierre, el documento con el que el Gobierno busca facilitar la ejecución definitiva de los fondos europeos y simplificar su evaluación antes de que expire el calendario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El anuncio lo realizó este jueves el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a través de un mensaje publicado en la red social X (Twitter). «La Comisión Europea ha adoptado su evaluación preliminar positiva de la Adenda de Cierre del Plan de Recuperación, que permitirá el máximo aprovechamiento de los recursos del Plan para consolidar su impacto transformador sobre la economía española», afirmó el ministro.
La valoración favorable de Bruselas supone un respaldo a las modificaciones aprobadas por el Consejo de Ministros a finales de julio y acerca al Gobierno al objetivo de culminar con éxito la ejecución del programa financiado con los fondos Next Generation EU, cuyo calendario entra ya en su fase decisiva. Según las orientaciones comunitarias, todos los hitos e inversiones deben haberse completado antes del 31 de agosto de 2026, mientras que los pagos podrán materializarse hasta finales de año.
Cambios para agilizar el cierre
La adenda tiene un carácter eminentemente técnico. Entre otras modificaciones, reformula 121 hitos y objetivos y 101 medidas con el fin de aportar mayor claridad a los mecanismos de verificación exigidos por la Comisión Europea y reducir cargas administrativas, sin alterar el contenido de las reformas e inversiones comprometidas por España.
Además, incorpora los ajustes negociados entre Madrid y Bruselas sobre tres hitos que habían quedado pendientes durante la evaluación del sexto desembolso. Se trata de compromisos relacionados con la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y diversos programas dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas, cuya acreditación requería una definición más precisa de los mecanismos de comprobación.
Con estos cambios, el Ejecutivo pretende evitar incidencias en la evaluación final y facilitar la incorporación de estos compromisos al séptimo y último desembolso previsto dentro del Plan de Recuperación.
Menos préstamos europeos
La adenda también introduce un ajuste en la parte correspondiente a los préstamos europeos, con el objetivo de adaptar su volumen a la demanda real de empresas y administraciones y reducir el endeudamiento público previsto.
Según explicó el Ministerio de Economía cuando aprobó el documento, el fuerte descenso del diferencial entre el coste de financiación del Tesoro español y el de la propia Comisión Europea ha reducido prácticamente a cero la ventaja financiera que ofrecían estos préstamos respecto a los mercados, lo que hace menos atractiva esta vía de financiación.
Como consecuencia, el Gobierno ha optado por concentrar los recursos disponibles en proyectos considerados estratégicos, entre ellos el nuevo Fondo España Crece, diseñado para mantener el impulso inversor una vez finalice el programa europeo. Paralelamente, España ha decidido reducir nuevamente el importe de los créditos que solicitará al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, una decisión que responde tanto al menor interés por esta financiación como a la voluntad de contener el recurso a la deuda pública.
Recta final del Plan
El visto bueno preliminar de la Comisión representa uno de los últimos pasos administrativos antes de cerrar definitivamente el mayor programa de inversiones financiado por la Unión Europea tras la pandemia. Desde su puesta en marcha, el Plan de Recuperación ha canalizado miles de millones de euros hacia proyectos de digitalización, transición energética, movilidad sostenible, vivienda, industria y modernización de las administraciones públicas.
Con la evaluación favorable de esta adenda, el Ejecutivo gana margen para completar la fase final del programa y asegurar el cumplimiento de los compromisos pendientes antes de las fechas límite fijadas por Bruselas, de las que dependerá el acceso al último tramo de financiación comunitaria.
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