- Contexto político y la ruptura de 2024
- Nuevo marco legal con el Real Decreto 2/2025
- Posición de Vox frente al reparto obligatorio
- Crisis migratoria y emergencia asistencial en Ceuta
- Medidas económicas del Gobierno para Ceuta
- Controversia y comparación con la situación de 2024
Contexto político y la ruptura de 2024
Explican a Confidencial Digital fuentes de Vox que la situación actual es «radicalmente distinta» a la de julio de 2024, cuando la formación decidió abandonar los gobiernos autonómicos compartidos con el PP después de que los populares aceptaran el reparto voluntario de menores migrantes propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según estas fuentes, entonces el acuerdo entre ambos partidos pasaba por rechazar ese mecanismo de distribución y consideran que el PP incumplió el compromiso al respaldar la iniciativa del Gobierno. Esa decisión desembocó en la ruptura de los ejecutivos de coalición y en la retirada del apoyo parlamentario de Vox a varios gobiernos autonómicos.
Nuevo marco legal con el Real Decreto 2/2025
Ahora, sostienen, el escenario ha cambiado tras la entrada en vigor del Real Decreto 2/2025, que establece un sistema obligatorio de redistribución de menores extranjeros no acompañados cuando una comunidad autónoma supera de forma extraordinaria su capacidad de acogida. Desde Vox insisten en que ya no se trata de una decisión política de las autonomías, sino de una imposición legal del Gobierno central.
El Real Decreto 2/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de marzo y en vigor desde el día siguiente, fija un nuevo marco jurídico para la redistribución obligatoria de menores extranjeros no acompañados desde territorios con los recursos desbordados, como Ceuta o Canarias. La norma establece un plazo máximo de un año para completar los traslados a otras comunidades autónomas.
Posición de Vox frente al reparto obligatorio
Pese a ello, la formación asegura que utilizará todas las herramientas jurídicas y administrativas a su alcance para limitar los efectos de ese reparto. En primer lugar, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto al considerar que invade competencias autonómicas y consolida un modelo de distribución que rechaza.
Exigirá la realización sistemática de pruebas de determinación de edad a todos los menores extranjeros cuya minoría de edad no quede acreditada documentalmente. Vox reclama un endurecimiento del régimen de internamiento y la supresión de cualquier beneficio o ayuda que pueda actuar como «efecto llamada» para la inmigración irregular.
Crisis migratoria y emergencia asistencial en Ceuta
Las mismas fuentes sostienen que la reciente crisis migratoria en Ceuta ha sido «orquestada por Marruecos y el Gobierno de Sánchez» y defienden que los inmigrantes que han accedido ilegalmente a la ciudad autónoma deben ser devueltos «al lugar de donde vinieron». En su opinión, la respuesta del Ejecutivo está favoreciendo una política migratoria que califican de «invasión migratoria«.
La posición de Vox llega en plena emergencia asistencial en Ceuta. Según fuentes del Gobierno ceutí, la ciudad acoge ya a 1.160 menores migrantes no acompañados tras la entrada masiva registrada la pasada semana. Antes del repunte migratorio iniciado a mediados de julio, los recursos de protección atendían a alrededor de 180 menores, por lo que el incremento supera los 980 jóvenes y multiplica por más de seis la cifra anterior.
La capacidad ordinaria de acogida de Ceuta se sitúa en apenas 29 plazas, lo que ha llevado al Gobierno central a anunciar nuevas medidas de apoyo económico.
Medidas económicas del Gobierno para Ceuta
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó esta semana una partida extraordinaria de 25 millones de euros para hacer frente a la atención de los menores, cantidad que se suma a los 5,5 millones ya aprobados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en julio.
Controversia y comparación con la situación de 2024
La controversia recuerda a la vivida en julio de 2024, cuando Vox rompió sus acuerdos de gobierno con el PP precisamente por la aceptación del reparto voluntario de menores migrantes. Dos años después, la formación mantiene su rechazo a ese modelo, aunque admite que el nuevo marco legal obliga a las comunidades autónomas a ejecutar una redistribución que intentará condicionar mediante acciones judiciales y un endurecimiento de las medidas de control migratorio.
