La seguridad de Canarias

No puede ocurrir lo ocurrido y a otra cosa: el presidente a sus vacaciones, la oposición al asombro indignado, los cadáveres rescatados al mar a un refrigerador en Sevilla, Albares a repetir monsergas indignas, lo normal. Porque esa es el objetivo gubernamental: normalizar la enormidad ocurrida en Ceuta hace pocos días, es decir, la vulneración de la frontera española por parte de decenas de miles de marroquíes en muy pocas horas frente a la imprevisión y la inacción de las autoridades españolas. ¿El presidente del Gobierno al menos habló con el primer ministro de Marruecos, quien por cierto estaba de vacaciones en España? No se sabe. No se sabe nada y nada se sabrá. La única opción tomada lleva a Pedro Sánchez al avestrucismo: ha metido la cabeza en la piscina de La Mareta and nothing else. El episodio del pasado fin de semana, en cualquier país europeo, hubiera conducido fulminantemente a una crisis política y, como mínimo, a la dimisión del ministro de Interior o el ministro de Defensa. En España no: ni siquiera se ha reunido la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ni se ha abierto investigación interna alguna en los departamentos mencionados, tal vez porque, en realidad, sí se hicieron los deberes y se habían presentado informes alarmantes en los días previos a la invasión. Anoche ascendían a 862 los menores migrantes acogidos donde los ceutíes han podido brindarles una habitación. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no ha podido hablar con nadie del otro lado de la frontera sobre los menores. Sabe perfectamente que no cabe esperar ninguna ayuda por parte de Rabat. Al menos por ahora. Marruecos rentabiliza hasta la última gota de los conflictos y perjuicios que ocasionan las crisis fronterizas que promueve. Después de alimentar, vestir y proporcionar descanso a los pibes durarte varios días el Gobierno español debería transportar a todos los menores y entregarlos en Rabat. No lo hará. Todavía era sábado cuando un tarado, Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado, ya exigía que los menores fueran distribuidos entre las comunidades autonómicas.

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