Los consumidores de electricidad asumirán un recargo de 29,6 millones de euros en su factura de la luz durante un año para pagar a las compañías eléctricas por reponer el sistema tras el apagón del 28 de abril, según se desprende de una resolución Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se desconoce todavía cuándo se comenzará a repercutir el cargo extra, pero Red Eléctrica deberá avisar a los afectados dos meses antes del inicio, que no podrá ser más tarde del 1 de enero de 2027.
Los días 28 y 29 de abril del año pasado el mercado eléctrico ibérico no funcionó. No hubo intercambio de ofertas de compraventa de energía, sino que los agentes del sector se limitaron a seguir las instrucciones de Red Eléctrica para reponer el servicio cuanto antes. El problema es que al no haber mercado, no había tampoco una referencia de precio para pagar a las empresas por generar electricidad durante esos días críticos.
El organismo regulador diseñó entonces una fórmula para determinar el precio de la luz durante ese periodo que según explicó su expresidenta, Cani Fernández, en una intervención en el Congreso de los Diputados en marzo no incluye «ninguna sobrecarga más allá del precio del gas natural de Mibgas (mercado ibérico de gas) y el coste del CO2«. A partir de ese planteamiento, la CNMC fijó en 38,7 millones de euros los costes totales de volver a encender la luz en España.
De esa cantidad, 33,1 millones corresponden al coste directo de la generación que participó de forma activa en la reconstrucción del sistema -básicamente, ciclos combinados de gas y centrales hidráulicas-, mientras que otros 5,6 millones de euros se destinan a financiar los intercambios internacionales de apoyo eléctrico prestados desde la frontera con Francia.
El pago se distribuirá entre la demanda futura de comercializadores y consumidores directos de forma proporcional a su consumo a lo largo de un periodo de doce meses para «evitar impactos puntuales significativos». El regulador rechazó cargar el sobrecoste sobre quienes realmente usaron el suministro esos días porque se hubiera penalizado «sin justificación a la demanda que recuperó antes el servicio».
De los 38,7 millones totales hay que descontar 9,1 millones de euros que fueron liquidados de manera preliminar a las instalaciones generadoras, por lo que el importe neto pendiente de liquidación asciende a 29,6 millones de euros. Con una demanda del sistema peninsular similar a la del año móvil hasta febrero (241.595 GWh), el coste unitario estimado estaría en el entorno de los 0,12 euros por megavatio-hora (0,16 euros por megavatio-hora si se calcula sobre el coste total bruto).
¿Por qué no a Presupuestos?
En el trámite de audiencia previa, que contó con alegaciones de hasta 16 entidades -incluyendo patronales eléctricas, asociaciones de consumidores y comercializadoras- la mayoría de agentes solicitó que el coste fuera asumido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o a través de los cargos del sistema eléctrico al considerar que el origen de la interrupción fue ajeno a la responsabilidad de los consumidores finales.
La CNMC alega que carece de competencias para canalizar la financiación del coste de reposición a través de los Presupuestos Generales del Estado o para modificar el real decreto que regula los cargos del sistema eléctrico, de forma que la financiación prevista constituye «la única opción viable dentro de su ámbito de actuación».
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