La política democrática se construye sobre una idea tan sencilla y exigente como la de alcanzar acuerdos para mejorar la vida de la ciudadanía. Pactar no constituye un fracaso, sino una de las mayores expresiones de la democracia. De hecho, la pluralidad política obliga a dialogar, negociar y buscar puntos de encuentro que permitan integrar sensibilidades diferentes en beneficio del interés general. El problema no aparece cuando se pacta, sino cuando el precio del acuerdo termina siendo la renuncia a principios que hasta ayer se consideraban irrenunciables.
Conforme se conocen con mayor detalle los presupuestos de la Generalitat Valenciana y las condiciones impuestas para su aprobación, la cuestión deja de ser estrictamente económica para convertirse en un debate sobre la calidad de nuestra democracia. Un presupuesto nunca es únicamente una relación de ingresos y gastos. Es, sobre todo, la expresión de unas prioridades políticas, de unos valores y de una determinada manera de entender la sociedad.
Nadie puede reprochar a un gobierno que negocie para garantizar la estabilidad institucional. Pactar forma parte de la esencia de la democracia cuando los acuerdos persiguen mejorar la vida de las personas y enriquecer la acción política con aportaciones diversas. Lo verdaderamente preocupante no es, por tanto, que dos partidos alcancen un acuerdo, sino qué están dispuestos a entregar para conseguirlo. La política deja de servir al interés general cuando el poder pasa a ser el objetivo y los principios se convierten en moneda de cambio. Gobernar nunca debería consistir en aceptar cualquier condición con tal de permanecer en el gobierno.
Resulta difícil no percibir una evidente contradicción entre posiciones que hace apenas unos años eran defendidas con firmeza y las concesiones que hoy se aceptan con sorprendente naturalidad. La coherencia nunca ha significado inmovilismo. La realidad cambia y las políticas deben adaptarse a nuevas circunstancias. Pero una cosa es evolucionar y otra muy distinta renunciar a principios esenciales únicamente para conservar una mayoría parlamentaria. La diferencia entre ambas situaciones marca también la diferencia entre la responsabilidad política y el oportunismo.
Especialmente preocupante resulta que algunas de esas concesiones afecten a cuestiones que trascienden el ámbito presupuestario. La cultura, la lengua, la memoria colectiva, las políticas de igualdad, la protección de las personas más vulneradas o la propia concepción de los servicios públicos dejan de entenderse como elementos de cohesión social para convertirse en moneda de cambio dentro de una negociación política. Cuando aquello que constituye el patrimonio común pasa a depender de intereses coyunturales, el deterioro institucional resulta inevitable.
Tampoco ayuda que quienes imponen esas condiciones exhiban públicamente su capacidad para doblegar al socio de gobierno mientras este guarda silencio o intenta presentar las cesiones como decisiones propias. Esa imagen proyecta una preocupante sensación de subordinación política que debilita la confianza de la ciudadanía y alimenta la percepción de que las convicciones pueden negociarse igual que cualquier partida presupuestaria.
Sin embargo, quizá el problema más profundo no resida únicamente en el contenido de los acuerdos, sino en el deterioro de la propia cultura democrática. La política pierde legitimidad cuando la mentira sustituye a la verdad, cuando la descalificación reemplaza al argumento, cuando el adversario deja de ser alguien con quien discrepar para convertirse en un enemigo al que destruir y cuando el miedo, los bulos o la manipulación pasan a formar parte de la estrategia cotidiana. Ese clima de confrontación permanente no fortalece las instituciones; las debilita. No genera libertad; genera polarización. No favorece la convivencia; alimenta el enfrentamiento.
Las democracias no se deterioran únicamente por grandes acontecimientos. También lo hacen mediante pequeñas renuncias que terminan normalizándose. Cada concesión aceptada sin explicación suficiente, cada contradicción presentada como virtud, cada principio abandonado en nombre de la oportunidad política va erosionando lentamente la credibilidad de las instituciones. Y cuando la ciudadanía deja de confiar en quienes la representan, el problema ya no afecta a un gobierno concreto, sino al propio sistema democrático.
No se trata, por tanto, de un debate entre partidos ni de una disputa ideológica. Se trata de preguntarnos qué tipo de política estamos dispuestos a aceptar. Si entendemos que gobernar consiste en administrar el interés general o simplemente en conservar el poder a cualquier precio. Porque cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, los principios dejan de orientar la acción política para transformarse en mercancía negociable.
Al final, ninguna mayoría parlamentaria debería poder sustituir la confianza de la ciudadanía que es el verdadero fundamento de una democracia. Esa confianza no se obtiene mediante eslóganes ni campañas de comunicación. Se construye con coherencia, transparencia y respeto a la inteligencia de las personas. Y también se pierde cuando los pactos dejan de responder al interés general para responder únicamente al interés de quienes los firman. El precio de gobernar nunca debería ser la renuncia a aquello que justifica el propio ejercicio del gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
