«Una aberración», «una vergüenza», «una soga al cuello» «una sinvergüencería». De esta manera describen los propietarios de apartamentos que se encuentran dentro de complejos turísticos la comunicación del Registro de la Propiedad número 2 de San Bartolomé de Tirajana que los insta a inscribir sus casas como turísticas. Los titulares integrantes de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística reflejan el sentir de miles de personas que, a lo largo de estas semanas, han sido informadas notificadas por el registrador de la propiedad. Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, el Registro considera que las unidades alojativas integradas en un establecimiento turístico no pueden funcionar como casas independientes y deben estar gestionadas por un explotador turístico común. Los miembros de la Plataforma consideran que esta interpretación perjudica a quienes compraron sus apartamentos sin limitaciones registrales y aseguran que no se puede aplicar una norma con carácter retroactivo.
Residencia habitual
A raíz de este documento, la preocupación sobre el destino de sus casas se ha instalado entre varios propietarios de viviendas integradas en complejos turísticos como Grimanesa, que utiliza su apartamento como residencia habitual y asegura que se levanta cada mañana sin saber si la van a «echar a la calle«. Afirma que lo adquirió en el año 2022 y tiene la licencia de primera ocupación que refleja que es de carácter residencial. La afectada señala que en el Plan de Ordenación General del municipio no figura que su casa se encuentre en suelo turístico y asevera que se trata de su única vivienda y que, en caso de tener que dejarla en manos de un explotador turístico, el beneficio que obtendría no le alcanzaría «ni para pagar un alquiler«. Grimanesa hace hincapié en que esta situación «es una vergüenza» y la mantiene en una «incertidumbre constante» que la hace sentir cada día más «asustada» y «desencantada».
El registrador aplica la normativa
Por su parte, el titular del distrito número 2 de San Bartolomé de Tirajana y decano del Colegio de Registradores de Las Palmas, Diego Hermoso, aclaró en declaraciones a este periódico que lo que hace es «cumplir con la legislación aprobada por el Parlamento de Canarias, en la que se deja claro que no puede haber viviendas vacacionales en establecimientos turísticos». Hermoso calcula que en su municipio puede haber alrededor de 1.000 propietarios afectados y considera que puede haber alrededor de 2.000 en la isla. El objetivo del escrito es notificar a los titulares la «obligatoriedad de hacer constar en el Registro de la propiedad el régimen de explotación turística del establecimiento», de manera que «se impida la utilización individualizada de las unidades alojativas del inmueble como viviendas de uso turístico o residencialización».
Imagen del exterior de un complejo turístico de Playa del Inglés. / Juan Carlos Castro
Críticas de los afectados
Para algunos propietarios esta circunstancia solo es un paso más en una causa en la que llevan un largo tiempo implicados. Josefa Sarmiento vive en un apartamento que está en un complejo turístico y en 2025 ganó un juicio que dictaminó que tanto ella como sus vecinos tenían derecho a residir en sus viviendas. Considera que este movimiento es «una humillación para los canarios y una sinvergüencería» y critica que «parece que quieren echar a los residentes de su tierra para dar paso al turista, como pasó en Hawái». Sarmiento afirma que «se están poniendo leyes al servicio del explotador turístico» y denuncia que los ciudadanos «votan a los políticos para que defiendan sus derechos, no para que se los quiten». Señala además que «los empresarios han visto una mina de oro en el sur de Gran Canaria» y argumenta que a los titulares residentes les están «dando por todos lados y amenazando su propiedad privada«.
Argumentan «inseguridad jurídica»
Manuel Álvarez (nombre ficticio para evitar ser reconocido) señala que adquirió su apartamento a mediados de los 90 y en el momento de la compra se aseguró de que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias lo dieran de baja de la actividad turística. Recalca que la Administración «puede cambiar de criterio, pero no puede aplicar normas con carácter retroactivo» y señala que para él «es una aberración» que le pidan registrar su casa como turística. Además, hace hincapié en que «muchos de los propietarios son personas mayores que viven con miedo a que les quiten su vivienda» y solicita que «los dejen tranquilos de una vez».
Una de las críticas más repetidas es que se encuentran una situación de inseguridad jurídica. Juan Pérez (nombre ficticio) afirma que prefiere no revelar su identidad para «evitar una persecución personal». Es propietario de una casa integrada en un complejo turístico que adquirió en 1991 y en la que pasa la mitad del año y considera que la comunicación emitida por el registrador es «una vuelta más a la soga que el tándem formado por empresarios y políticos está poniendo en el cuello de los propietarios». También cree que las administraciones «van sacando leyes y decretos para ir tapando agujeros» con el objetivo, según dice, de «quitarle las viviendas a sus dueños, asfixiándolos cada día un poco más».
