Holaluz ha presentado este martes sus alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con el procedimiento administrativo iniciado sobre la eventual extinción de su habilitación para comercializar energía eléctrica y el traspaso de clientes a comercializadoras de referencia.
En un comunicado, la comercializadora eléctrica indica que en sus alegaciones, presentadas antes de la finalización del plazo legalmente establecido que expiraba el próximo 31 de julio, «acredita que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en la normativa vigente que pudieran justificar la extinción de su habilitación». Además, la compañía asegura que «todas las facturas reclamadas por las distribuidoras están al corriente de pago» y que «cumple con todos los requisitos legales y regulatorios exigibles para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica, tanto operativos como financieros».
«La apertura del procedimiento administrativo, no produce por sí misma efecto alguno sobre la habilitación de Holaluz para el ejercicio de su actividad ni sobre su cartera de clientes. En consecuencia, la compañía continúa plenamente habilitada para operar como comercializadora de energía eléctrica, desarrolla su actividad con absoluta normalidad y no se ha producido, ni se está produciendo el traspaso efectivo de clientes a comercializadoras de referencia», afirma la empresa en un comunicado remitido al BME Growth, donde su cotización está suspendida desde el pasado 20 de julio.
HolaLuz confia en que, una vez analizadas las alegaciones y los hechos objetivos acreditados durante el procedimiento, éste quede resuelto a la mayor brevedad posible, «confirmando la plena continuidad de su habilitación para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica». «La compañía ha tomado todas las medidas necesarias para que no pueda repetirse una situación como ésta, garantizando, de esta manera, la continuidad de la empresa», añade el comunicado, firmado por la cofundadora y presidenta ejecutiva, Carlota Pi.
Además, la empresa considera que «la existencia de un mercado eléctrico abierto, competitivo y con pluralidad de operadores constituye un elemento esencial para la protección de los consumidores y el correcto funcionamiento del sistema».
En este contexto, subraya que «se reserva expresamente el ejercicio de cuantas acciones y medidas legales resulten necesarias para la defensa de sus derechos, los de sus clientes y de un modelo de competencia efectiva en el sector eléctrico».
La firma cofundada y de la que es consejera delegada Carlota Pi recuerda que, desde el inicio del procedimiento, ha mantenido «en todo momento la plena continuidad de su actividad, garantizando el suministro y la prestación de sus servicios sin interrupción alguna y con absoluta normalidad para todos sus clientes, lo que ha permitido a los clientes permanecer en la compañía».
Asimismo, la comercializadora sostiene que, pese a lo que califica como una «denuncia injustificada», no concurre ninguna de las causas previstas en la normativa vigente que pudieran justificar la revocación de su licencia o el traspaso de sus usuarios.
Igualmente, defiende que todas las facturas reclamadas por las empresas distribuidoras están al corriente de pago y confia en que el procedimiento quede resuelto «a la mayor brevedad posible» confirmando la plena continuidad de su habilitación, al tiempo que aseguró haber adoptado «todas las medidas necesarias» para evitar que se repita una situación como ésta.
Fuente: El Periódico
