El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a Meritxell Serret (ERC), que se convierte así en la primera consellera del Govern que promovió el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de esta medida.
Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar la celebración del referéndum cuando formaba parte del Govern presidido por Carles Puigdemont. Posteriormente interpuso un recurso de casación contra la sentencia.
En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera «amnistiados los actos» por los que fue acusada Serret y, en consecuencia, declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído.
ERC celebra la decisión
Tras conocerse la resolución, ERC ha mostrado su satisfacción por la decisión del Supremo.
«Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía», ha señalado la formación en un comunicado.
Los republicanos destacan que la decisión llega menos de dos semanas después del aval «contundente» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.
ERC considera que «ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados».
El partido añade que esta misma decisión debería extenderse «inmediatamente» al resto de procedimientos para «restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas», permitir que «los exiliados puedan volver a casa» y abordar «política y democráticamente» el conflicto entre Cataluña y el Estado «sin represión».
Condenada por desobediencia
En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acció Exterior del Govern presidido por Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.
Según la sentencia, Serret era «perfectamente conocedora» de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el referéndum del 1 de octubre, ya que le fueron notificados personalmente. Pese a ello, el tribunal concluyó que los ignoró de forma «consciente y deliberada» y que no llevó a cabo ninguna actuación para impedir la celebración de la consulta.
La resolución también recordaba que Serret hizo un «reconocimiento directo» del delito al negarse a responder a las preguntas de las acusaciones y limitarse a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus «convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán».
Serret permaneció tres años en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia y regresó a España en 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un papel similar al suyo durante el 1-O, fueran condenados únicamente por desobediencia y no por malversación.
Fuente: El Periódico
