El Gobierno ha decidido no llevar este martes al Consejo de Ministros el real decreto de vivienda pactado por PSOE y Sumar para congelar los alquileres hasta 2028. Moncloa asume que el texto nacía muerto al no contar ni con el apoyo de Junts ni con el de Podemos, imprescindibles ambos para convalidar la norma en el Congreso.
La decisión se ha tomado tras constatar, en las últimas horas, que las advertencias de los morados y el rechazo explícito de Junts, expresado este mismo lunes a primera hora por su portavoz Míriam Nogueras, no eran sólo un gesto negociador, sino un veto real al paquete tal y como estaba redactado.
Ante la perspectiva de una nueva constatación de su minoría, de otro decreto tumbado en la Cámara y de una nueva inseguridad jurídica para miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo opta por frenar la aprobación y retrasarla a después del verano.
Fuentes gubernamentales admiten que el decreto de vivienda se había convertido en un símbolo de la fragilidad de la legislatura: un texto presentado como «escudo para los inquilinos» que, sin embargo, evidenciaba la ruptura definitiva de Junts y el distanciamiento con Podemos, ya en modo precampaña.
El movimiento de abortar la aprobación inmediata busca ganar tiempo. En teoría, para recomponer puentes, y rehacer el equilibrio entre socios. Pero sobre todo, para usarlo como parte de la precampaña del Gobierno, junto a unos Presupuestos que tampoco lograrán apoyos.
L’habitatge s’ha convertit en l’ascensor social espatllat de la classe mitjana catalana. Tenim damunt la taula propostes concretes que augmenten l’oferta real en comptes de limitar-se a repartir el poc que queda. La feina està feta. Executem-la: https://t.co/O3O2FqCiyc
— Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) July 27, 2026
El Gobierno ha acordado trasladar la aprobación del decreto de Vivienda «al mes de septiembre», para lograr «un acuerdo con las fuerzas parlamentarias», confirman fuentes de Moncloa.
La primera consecuencia de este giro es que el decreto ni siquiera se debatirá en la mesa del Consejo de Ministros, pese a que la aprobación estaba prevista desde la semana pasada, tras alcanzar un acuerdo en el que PSOE asumía medidas muy intervencionistas, que rechaza Junts, y Sumar tragaba con la reforma de la ley del suelo, que no acepta Podemos.
Prórroga hasta 2028
El texto ahora congelado incluía la prórroga forzosa de los contratos de alquiler hasta 2028, la inclusión de las habitaciones y los alquileres de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la subida al 21% del IVA de los pisos turísticos y cambios profundos en la ley del suelo.
Precisamente esa reforma urbanística, que afecta a recursos contra planes, derechos de reversión y agilización de proyectos, es la que Podemos considera un «traje a medida» para grandes corporaciones.
Todas las anteriores medidas «contra los pequeños propietarios» y «absolutamente contraproducentes para la oferta de pisos» son las que Junts ve como una amenaza para el mercado de la vivienda y la seguridad jurídica.
«Tras semanas intensas de negociación», explican fuentes del Gobierno, «el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo amplio y transversal» para sacar adelante un «ambicioso paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler» y que «impulse la oferta de vivienda asequible».
A pesar del «rechazo frontal» tanto de Podemos como de Junts al texto, las citadas fuentes gubernamentales agradecen «la responsabilidad y generosidad de todos los grupos».
Según el Ejecutivo, «el acuerdo está más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura». Y atribuyen a «la premura en el calendario» como obstáculo principal para el acuerdo, «dada la complejidad del texto».
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