Los presuntos casos de corrupción que han sacudido la política española en los últimos años han vuelto a poner el foco en una pregunta: ¿fallan los controles o faltan directamente? Al margen de las responsabilidades que determinen los tribunales, las investigaciones han revelado vacíos normativos, zonas grises y mecanismos de supervisión insuficientes. ¿Hay que tapar esos agujeros? Este reportaje analiza, a partir de las opiniones de tres expertos, cuatro ámbitos especialmente expuestos.
El recorrido de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y después consejero de Renfe Mercancías, o el nombramiento de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, como presidente de Correos, han reabierto el debate sobre los nombramientos discrecionales en la Administración y las empresas públicas.
Existe un amplio consenso entre los expertos consultados. María Garrote de Marcos, doctora en Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, considera legítimo que un Gobierno nombre personas de confianza, pero cree que deberían fijarse límites más estrictos. “Es normal que haya cargos de confianza, pero eso no quita que esa persona elegida tenga un mínimo de experiencia”. De lo contrario, advierte, “solo le queda la lealtad a la persona que le nombra”. También propone poner un límite al número de asesores según el departamento y publicar de manera proactiva sus currículums y retribuciones.
Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrado del Parlament, coincide en la necesidad de “poner un límite al personal eventual” y plantea que los máximos responsables de organismos públicos superen audiencias públicas o ‘hearings’ en los que acrediten su idoneidad.
José María Peredo Pombo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, defiende una “tecnocracia formada, menos ideológica y más competente”, integrada por profesionales de la Administración y no por personas cuya principal credencial sea la proximidad política.
Entre las normas que podrían reformarse se encuentran la ley de Gobierno, la de régimen jurídico del sector público, el estatuto básico del empleado público, la ley reguladora del ejercicio del alto cargo y la de transparencia.
La investigación sobre los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 ha vuelto a poner el foco en la financiación de los partidos. La causa deberá determinar si existió dinero sin declarar, blanqueo o financiación irregular, pero ha reabierto el debate sobre si el sistema ofrece suficientes garantías o necesita una reforma para evitar nuevos casos, desde Filesa (PSOE), en 1991, hasta Gürtel (PP), en 2018. ¿Son suficientes los controles del Tribunal de Cuentas? ¿Está adecuadamente dimensionada la financiación que necesitan para funcionar?
Garrote defiende mantener el modelo actual, basado en subvenciones públicas y cuotas de militantes, porque garantiza “la igualdad de oportunidades” entre partidos. “Yo no abriría el modelo a la participación de las empresas”, sostiene ante el temor de que solo recibieran donaciones las formaciones más grandes. A su juicio, el problema es la pérdida de afiliados porque ya no generan tanta “confianza” ni “esperanza” y apunta que están también en proceso de cambio por el impacto de las redes sociales. “Ya no necesitan a los medios de comunicación ni tantos grandes mítines para llegar a los ciudadanos”, señala.
Ridao comparte parcialmente esa posición y apuesta por controlar el gasto. “¿Es necesario hacer cada fin de semana un acto?”, se pregunta, aludiendo al elevado dinero que supone. Recomienda “autocontención”.
La visión más heterodoxa la aporta Peredo, convencido de que una financiación privada transparente, como ocurre en EEUU, reduciría los incentivos para buscar vías opacas. “Las empresas tendrían que poder financiar campañas o partidos políticos de manera transparente”, defiende ante la posibilidad de que las compañías señalen de manera clara qué partido se ajusta más a sus intereses.
Los expresidentes del Gobierno conservan despacho, personal de apoyo y la posibilidad de incorporarse al Consejo de Estado como miembros vitalicios [una iniciativa aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero]. Sin embargo, las investigaciones al expresidente socialista por presunta corrupción ha reabierto el debate sobre si el estatuto necesita actualizarse.
Ridao considera que el estatuto actual “es claramente insuficiente” porque se limita a enumerar los medios materiales y el tratamiento protocolario y “no aclara qué puede hacer y qué no cuando deja el cargo”. A su juicio, España necesita una ley que delimite esas actividades, regule los grupos de presión (lobis) y establezca un régimen sancionador.
Peredo propone aprovechar la experiencia de quienes han dirigido el país. “El Estado debería articular otras fórmulas [además de la del Consejo de Estado] para que ese capital que tienen los expresidentes lo puedan aprovechar”, afirma.
Garrote, por su parte, considera que pueden incorporarse incompatibilidades adicionales, aunque advierte de que tampoco debe restringirse en exceso la actividad profesional posterior de quien ha ocupado la Presidencia. “Si no, nadie va a querer llegar ahí”, resume.
La investigación sobre Begoña Gómez ha abierto un debate inédito: si la pareja de quien ocupa la presidencia del Gobierno debería contar con un estatuto que delimitara sus funciones, incompatibilidades y relaciones con instituciones públicas. Será la justicia quien determine si existió algún delito, pero el caso ha evidenciado que el ordenamiento no regula esta figura.
Ridao no cree que la respuesta sea una nueva ley. “No soy partidario de regular todo”, sostiene. En su opinión, bastaría con códigos deontológicos que orienten la actuación de los familiares del presidente. En este caso, sostiene, no hay relevancia penal, si acaso ve reproche “ético y estético”. “Es grotesco lo que está haciendo el juez Peinado”, añade.
Garrote también desconfía de que cada problema deba resolverse con una nueva norma. “Las normas siempre van a estar por detrás de las conductas”, advierte antes de recordar el impacto “nefasto” que tuvo como mensaje que esta legislatura se rebajara el delito de malversación de dinero público. A su juicio, el déficit español no es jurídico, sino de “ética y moral públicas”. Por eso insiste en reforzar la responsabilidad política, la transparencia y los controles ya existentes antes que multiplicar las leyes.
Es el único ámbito en el que los expertos no reclaman más regulación, sino mejores comportamientos públicos. Incluso con el ordenamiento más completo, concluyen los tres, siempre habrá zonas grises si quienes ocupan las instituciones y la sociedad no asumen estándares éticos más exigentes.
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