Transparencia obliga a Justicia a revelar cómo calcula las indemnizaciones por prisión indebida

  1. Ministerio deberá facilitar documentación interna sobre indemnizaciones
  2. Aspectos desconocidos del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado
  3. Solicitud de acceso y reclamación ante el Consejo de Transparencia
  4. Respuesta parcial del Ministerio y rechazo de expedientes individuales
  5. Resolución del Consejo de Transparencia y definición de información pública
  6. Negativa a entregar expedientes individuales y limitación a estadísticas públicas
  7. Cambio en la gestión de indemnizaciones: documentos internos como información pública
  8. Mayor transparencia: acceso a criterios y procedimientos para compensaciones económicas

Ministerio deberá facilitar documentación interna sobre indemnizaciones

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tendrá que facilitar la documentación interna que utiliza para determinar las cuantías de las indemnizaciones por prisión provisional indebida. Así lo ha resuelto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras estimar parcialmente una reclamación presentada por un ciudadano que solicitó conocer cómo se calculan estas compensaciones económicas y qué criterios emplea la Administración en cada expediente.

Aspectos desconocidos del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado

La resolución pone el foco sobre uno de los aspectos menos conocidos del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. Aunque las personas que cumplen los requisitos previstos en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueden reclamar una indemnización tras haber permanecido en prisión provisional de forma indebida, hasta ahora no existía información pública sobre los documentos internos utilizados para fijar las cantidades que finalmente se reconocen.

Solicitud de acceso y reclamación ante el Consejo de Transparencia

La solicitud de acceso a la información fue registrada el 30 de septiembre de 2025. El reclamante pidió conocer expedientes individuales, estadísticas sobre las indemnizaciones concedidas desde 2019, información económica sobre las cantidades abonadas y, especialmente, los criterios internos, instrucciones o protocolos empleados por el Ministerio para determinar las cuantías. Ante la ausencia de respuesta dentro del plazo legal, decidió acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Respuesta parcial del Ministerio y rechazo de expedientes individuales

Durante la tramitación del procedimiento, el Ministerio respondió de forma parcial. Rechazó facilitar los expedientes individuales al considerar que contienen datos personales protegidos por la normativa de protección de datos y sostuvo que la petición relativa a los criterios de cálculo debía entenderse como una consulta jurídica, por lo que, a su juicio, no estaba amparada por la Ley de Transparencia. También indicó que parte de la información estadística ya podía consultarse a través del portal del Consejo General del Poder Judicial.

Resolución del Consejo de Transparencia y definición de información pública

Sin embargo, el Consejo de Transparencia no comparte esa interpretación respecto a los criterios utilizados para calcular las indemnizaciones. En su resolución recuerda que el solicitante no pidió una explicación jurídica elaborada expresamente para responder a sus dudas, sino el acceso a documentos concretos que, en caso de existir, ya obran en poder de la Administración. Por ello concluye que la petición encaja plenamente en el concepto de información pública reconocido por la Ley 19/2013 de Transparencia.

Negativa a entregar expedientes individuales y limitación a estadísticas públicas

La resolución mantiene, en cambio, la negativa a entregar los expedientes individuales al considerar que contienen datos relativos a procedimientos penales y que su acceso exige el consentimiento expreso de las personas afectadas o una habilitación legal específica. Del mismo modo, el Consejo considera suficiente la información estadística ya publicada por el Consejo General del Poder Judicial y rechaza que la Administración tenga que elaborar un informe específico con el elevado nivel de detalle solicitado por el reclamante.

Cambio en la gestión de indemnizaciones: documentos internos como información pública

El aspecto que cambia con esta resolución afecta directamente a la forma en la que el Ministerio gestiona estas indemnizaciones. El Consejo entiende que, si existen instrucciones internas, protocolos o criterios utilizados para determinar las cuantías económicas, esos documentos tienen naturaleza de información pública y deben facilitarse, ya que forman parte de la actividad administrativa desarrollada por el departamento.

Mayor transparencia: acceso a criterios y procedimientos para compensaciones económicas

La decisión abre la puerta a conocer con mayor precisión qué elementos utiliza la Administración para fijar las compensaciones económicas derivadas de una prisión provisional indebida y cuál es el procedimiento seguido para valorar cada caso. También vuelve a recordar que las administraciones públicas no pueden rechazar una solicitud de acceso calificándola como una consulta cuando lo que realmente se solicita son documentos ya existentes en su poder.

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