Solo entre 48 y 56 euros de cada 100 que una empresa destina a aumentar el salario de un empleado llegan finalmente a su bolsillo. Es decir, que si una empresa quiere que su trabajador perciba una subida salarial de 100 euros, tendría que gastar desde 180 hasta 210 euros. El resto se absorbe entre el IRPF y las cotizaciones sociales por el efecto de la no actualización de los parámetros del impuesto.
Estas son las principales observaciones que la patronal catalana Pimec ha trasladado hoy durante la presentación de su informe «Augment de la pressió fiscal per la no deflactació de les tarifes de l’IRPF», elaborado por su Observatori de la Pime de Catalunya. El texto, traslada la entidad, pone cifras a un fenómeno conocido como progresividad en frío: cuando los salarios suben para compensar la inflación pero los tramos, –ya sean mínimos, reducciones y deducciones– del IRPF permanecen congelados, el contribuyente acaba pagando proporcionalmente más impuesto sin que se haya aprobado ninguna subida explícita de tipos.
Para el presidente de Pimec, Antoni Cañete, esta realidad lleva a que «cuando una pyme destina más recursos a mejorar los salarios, pero una parte cada vez mayor de ese esfuerzo no llega al trabajador, la empresa asume un coste mucho mayor que el beneficio que finalmente percibe la persona trabajadora. Esto resta eficacia a las subidas salariales, presiona los márgenes empresariales y perjudica la competitividad».
Sobrecoste para las empresas
El estudio, basado en nueve nóminas reales de hostelería, metal y limpieza, subraya que el tipo efectivo del IRPF ha subido entre 1,3 y 3,2 puntos porcentuales en los perfiles analizados sin que haya cambiado su situación personal o familiar, lo que supone entre 278 y 955 euros anuales más de impuesto.
Las simulaciones añaden otro dato relevante. Y es que aunque el salario bruto ha crecido un 22,1% entre 2020 y 2025 —en línea con la inflación acumulada—, los trabajadores han perdido entre un 2,8% y un 4% de poder adquisitivo neto. Para evitarlo, las empresas deberían subir los salarios entre cuatro y once puntos por encima del IPC, con un sobrecoste de entre 1.142 y 3.315 euros anuales por trabajador —más de 16.000 euros al año en una pime de diez empleados—. El informe atribuye el 58% de este efecto a la congelación de mínimos personales y familiares, deducciones y otros beneficios fiscales, con datos del Banco de España.
En este sentido, Cañete, ha afirmado que la patronal no reclama una rebaja del impuesto, sino un mecanismo de revisión «regular, transparente y previsible» de sus parámetros, de forma que actualizarlos —o no— sea una decisión explícita dentro del debate presupuestario. Eso mismo ha reiterado la presidenta de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Pimec, Sílvia Gabarró, quién ha subrayado que «no estamos pidiendo una rebaja de impuestos, simplemente que no aumenten automáticamente con el IPC». Para Catalunya, Pimec pide además avanzar hacia un mecanismo estable de revisión del tramo autonómico del IRPF, centrado en las rentas bajas y medias.
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