El mantenimiento de las calles, los parques y el mobiliario urbano corresponde a los ayuntamientos, aunque son los vecinos quienes conviven a diario con su deterioro y no las autoridades. Es por ello que, ante cualquier desperfecto y al convivir con ello en el día a día, algunos de ellos optan por presentar una queja o reclamación municipal, pues el consistorio no siempre puede estar al tanto de todo lo que ocurre. Sin embargo, estas peticiones acostumbran a recibir una respuesta lenta y pueden pasar meses o incluso años sin que el problema se resuelva.
Ante esta situación, lo más habitual es que los afectados terminen cansándose y dejen el asunto a un lado. Ahora bien, existen algunos casos, especialmente en pueblos, barrios o localidades más pequeñas, en los que son los propios vecinos quienes se toman la molestia de actuar por su cuenta para mejorar aquello que consideran abandonado o peligroso.
Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Miquel, un vecino del carrer del Cós de Mataró al que el Ayuntamiento reclama 1.733,39 euros después de que plantara cinco árboles, restaurara dos bancos y modificara varias piezas del pavimento tras años denunciando el deterioro de la zona sin que, según sostiene, se solucionaran los problemas.
El afectado asegura que llevaba reclamando desde 2019 la reposición de los árboles que habían desaparecido y que, desde 2021, también había advertido del mal estado del pavimento. Finalmente, decidió comprar cinco ejemplares por 34,50 euros cada uno, lijar y pintar los bancos y sustituir algunas de las losas que se encontraban deterioradas.
El caso llegó formalmente al Ayuntamiento después de que otro ciudadano presentara una denuncia en agosto de 2024. El consistorio asegura que no tiene constancia de reclamaciones previas registradas por Miquel, aunque él sostiene que había avisado por otras vías. Tras inspeccionar la zona, los servicios municipales concluyeron que el vecino había intervenido sin autorización en el arbolado, los bancos y el pavimento. El expediente señala también que se rompieron alrededor de cincuenta baldosas para colocar diferentes piezas decorativas.
Es por ello que desde el consistorio aclaran que no se trata formalmente de una multa por incivismo, sino de una reclamación de responsabilidad patrimonial destinada a cubrir el coste de devolver el espacio público a su estado anterior. El Ayuntamiento reconoce que Miquel pudo actuar de buena fe, pero recuerda que ningún particular puede modificar una calle sin autorización municipal y, por ello, la consecuente sanción.
El caso se encuentra actualmente en fase de recurso, ya que Miquel considera que no causó ningún daño, sino que mejoró una zona que llevaba años deteriorada. El vecino también rechaza la versión municipal sobre las baldosas y solicita que se anule el cobro de los 1.733,39 euros. Por el momento, el procedimiento administrativo continúa abierto y todavía no existe una resolución judicial.
