El Partido Popular se está plegando a las exigencias de Vox en aquellas autonomías en las que los acuerdos con la extrema derecha son fundamentales para alcanzar la presidencia, a saber Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.
El caso de la Comunidad Valenciana pasa por sus presupuestos, que suponen la primera vez en la que la “prioridad nacional” de los de Santiago Abascal se asienta sobre una ley. Se trata de una situación que no se había dado hasta entonces pues, si bien en las autonomías anteriormente mencionadas los respectivos líderes políticos ‘populares’ han tenido que ceder vicepresidencias y consejerías, y el concepto adoptado por Vox, éste último nunca se había plasmado en un documento, como sí ocurre ahora.
La formación de Santiago Abascal bebe de esa necesidad del PP y saca pecho en la región valenciana de que en este territorio se incluya su “prioridad nacional”, algo que la derecha tradicional ha insistido en negar reiteradamente, pero a lo que finalmente ha tenido que ceder.
“No se puede recoger”. Esta frase la llegó a pronunciar el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira. Solo ha hecho falta un poco de tiempo para quitarle la razón.
Preocupación entre la población migrante
El PP ha hecho lo posible por suavizar el concepto que tanta polémica ha generado, pero al final ha tenido que aceptarlo. El partido de Alberto Núñez Feijóo habla de arraigo y, tras el pacto de investidura en Extremadura, presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a una moción de Vox que sirvió para fijar la “prioridad nacional” como el “arraigo real, duradero y verificable” que habría que tener en cuenta a la hora de conceder ayudas sociales.
En términos valencianos, el polémico concepto “procura la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana” con el objetivo de “asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante de la región”.
Los ejemplos que rigen el caso de la autonomía del Mediterráneo son muy diversos, pero el más claro seguramente sea el de la renta valenciana de inclusión, la prestación más importante que la Generalitat concede en materia de inclusión. PP y Vox han acordado soportar el requisito del tiempo de empadronamiento previo para acceder a la prestación. Se pasó de 12 a 15 meses, pero el objetivo de las partes es que el “arraigo” llegue hasta los tres años, lo que dificulta que las personas migrantes puedan obtener la ayuda.
La oposición lamenta el acuerdo entre PP y Vox. El portavoz del PSPV en las Cortes, José Muñoz, denuncia que con estas cuentas valencianas queda claro que “hay un partido que manda y otro que obedece”, y no duda en aplicar el término “apartheid” que, a su juicio, acciona la ultraderecha, con “un presidente de la Generalitat que va a ser el primero que normativiza en la asignación de los recursos públicos el concepto del racismo”.
Diana Morant, líder de los socialistas en esta tierra y candidata por ellos a la Comunidad Valenciana, ha avanzado la intención del Gobierno de Pedro Sánchez -ejerce asimismo como ministra- de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
Otros puntos polémicos de las cuentas
El acuerdo entre derecha y extrema derecha está plagado de polémicas. De la suerte de ‘policía educativa’ que planteaban los de Abascal para evitar el «adoctrinamiento en las aulas» a una política fiscal orientada a los que más tienen, con las personas migrantes en el punto de mira.
Además de la “prioridad nacional”, otro ejemplo de ello fue la enmienda que presentaron a los presupuestos para darle una vuelta a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias (AVSRE), creada por el anterior gobierno de izquierdas.
Se trata de un organismo sobre el que se puso el foco a tenor de la DANA, de hecho, la persona que lo dirigía entonces, Emilio Argüeso, aparece como investigado en la causa. Sin embargo, y a pesar del devastador temporal de 2024, Vox pone el foco en la migración, de modo que el actual organismo deberá actual también en materia de vivienda.
El texto alude al “refuerzo administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda”, donde se incorporan desde el “fraude patronal” hasta la “ocupación ilegal y sobreocupación”; mientras se quitan subvenciones a Cruz Roja.
La Agencia deberá ocuparse de protocolos de actuación “ante fenómenos delictivos vinculados a los cambios sociodemográficos” y los derivados de la inmigración que Vox considera masiva.
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