Las claves
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La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por «incumplimiento» del derecho europeo, ante la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de entrada la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso Efe, responde a una providencia emitida ayer lunes por el Tribunal de Cuentas.
En el escrito, el TdC preguntó a acusaciones y defensas si cabe la «posibilidad» de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del procés, entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.
La «denuncia» contra el Reino de España por «incumplimiento del derecho de la Unión Europea», fechada este martes y dirigida a la Secretaría General de la Comisión Europea, también ha sido presentada por los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
Piden abrir contra España «el procedimiento de infracción previsto» en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el «incumplimiento», por parte del Tribunal de Cuentas, de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.
Boye denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reabriendo un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que asegura que contraviene la sentencia del TJUE.
Dice que el Tribunal de Cuentas «difundió una nota de prensa oficial que tergiversa el sentido del fallo» del TJUE, al afirmar por ejemplo que este fallo «admite las ocho cuestiones planteadas» por el tribunal español, pese a que varias de ellas «fueron declaradas inadmisibles».
Así, insta a la Comisión Europea a actuar con urgencia «dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros».
El escrito de denuncia destaca que la actitud del Tribunal de Cuentas ha vulnerado el artículo 4 del Tratado de la Unión sobre la cooperación leal, según el cual los Estados miembros deben evitar que sus órganos tomen decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación de las sentencias dictadas por el TJUE, así como el artículo 19 del mismo tratado y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.
«El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta», recoge la denuncia.
Asimismo, ha dirigido un escrito de alegaciones al Tribunal de Cuentas en el que niega que los gastos del procés se sufragaran con «fondos procedentes del presupuesto de la Unión» y reclama que «dicte, dentro del plazo máximo de dos meses, una resolución que declare amnistiados los hechos».
Precisamente este martes, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que amnistíe de forma urgente a los encausados por los gastos del procés, al considerar «innecesario e improcedente» que se plantee no aplicarles la ley tras la sentencia de la justicia europea.
