Más de 1,6 millones de personas faltan cada día a su puesto de trabajo en España y el impacto económico asociado supera los 59.000 millones de euros anuales, el 3,7% del PIB. Unas cifras que, según KPMG, convierten el absentismo en un desafío estructural para la competitividad y obligan a abordarlo más allá de la gestión interna de las empresas.
La firma reclama una actuación coordinada entre compañías, administraciones, servicios sanitarios, mutuas y agentes sociales. El fenómeno afecta a la productividad, la organización del trabajo y la capacidad de crecimiento.
Estas fueron algunas de las conclusiones de una jornada organizada por KPMG y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), con la participación de María Lacarra, directora de operaciones y socia responsable en el País Vasco y Navarra de KPMG, y Francisco Fernández Díez, socio responsable del área Laboral de KPMG Abogados.
España registra una tasa de absentismo del 7,2% de las horas pactadas. El vinculado a procesos de incapacidad temporal alcanza el 5,6%, mientras que cerca del 78% de las horas perdidas corresponde a este tipo de bajas.
Los expertos atribuyeron su evolución a factores demográficos, sanitarios, organizativos y regulatorios. Entre ellos destacan el envejecimiento de la población activa, el aumento de las patologías relacionadas con la salud mental, las listas de espera y la duración de determinados procesos médicos.
Lacarra advirtió de que el absentismo ha dejado de ser una cuestión limitada a los departamentos de recursos humanos. Su impacto trasciende a la empresa y afecta al conjunto de la economía, por lo que la respuesta debe ser compartida.
La incidencia no es homogénea. La industria manufacturera, la logística y el transporte, la sanidad, los servicios sociales y otras actividades intensivas en mano de obra soportan algunos de los mayores niveles de presión. También existen diferencias territoriales vinculadas a la estructura económica y al envejecimiento de la población trabajadora.
Esta diversidad impide aplicar soluciones universales y exige respuestas adaptadas a cada comunidad.
No hay una causa única
Fernández Díez subrayó que no existe una causa única ni, por tanto, una solución única. A su juicio, es necesario actuar sobre la prevención, la gestión de las incapacidades temporales, la coordinación institucional y la creación de entornos laborales más saludables.
Parte del debate se centró en la prolongación de las bajas por causas ajenas al trabajador y a la empresa. Las dificultades del sistema público de salud para realizar pruebas, tratamientos y revisiones pueden retrasar la recuperación y la reincorporación, incluso cuando el empleado ya está en condiciones de volver.
Los participantes plantearon aprovechar mejor los recursos de mutuas y servicios de prevención para agilizar determinados procesos, siempre con controles que garanticen los derechos laborales, sociales y sanitarios.
La negociación colectiva también debe revisarse. Numerosos convenios complementan la prestación pública hasta cubrir la totalidad del salario durante la incapacidad temporal. Empresas y sindicatos han comenzado a introducir modulaciones, aunque cualquier cambio deberá preservar la protección de los empleados.
Mientras las reformas sanitarias y regulatorias exigen acuerdos de mayor alcance, las empresas están reforzando sus políticas preventivas. El análisis de datos permite identificar qué patologías, colectivos, centros o territorios concentran más bajas y actuar antes de que se produzcan.
Apoyo psicológico
Entre las medidas implantadas figuran el apoyo psicológico, la promoción de la salud física y emocional, la reorganización de horarios, la flexibilidad laboral, el refuerzo del liderazgo y modelos de trabajo adaptados a las plantillas.
KPMG defiende una estrategia basada en medir, anticipar, ayudar y flexibilizar. Según Lacarra, las organizaciones con mejores resultados combinan prevención, bienestar, liderazgo y decisiones basadas en evidencias. “La clave no está en controlar más, sino en anticiparse mejor y actuar antes de que aparezcan los problemas”, afirmó.
Fernández concluyó que, si el absentismo es un problema compartido, su solución también debe serlo. España necesita una visión de largo plazo y un compromiso conjunto de empresas, administraciones, sistema sanitario, mutuas, sindicatos y agentes sociales para revertir una tendencia que ya figura entre los principales retos para la competitividad del país.
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