La compañía dispone ahora hasta el próximo 20 de octubre para presentar a Bruselas un plan de acción con medidas correctivas destinadas a subsanar los incumplimientos detectados. En caso de no acatar la decisión de la Comisión, AliExpress podría enfrentarse a multas coercitivas periódicas.
«La puesta en circulación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y perjudiciales no es un coste inevitable de la compra por internet. Es un incumplimiento por parte de AliExpress de sus obligaciones conforme a la Ley de Servicios Digitales (DSA)», ha dicho Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica.
Se trata de la tercera sanción que impone el Ejecutivo comunitario (y la más alta) en virtud de la DSA la normativa comunitaria que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a controlar los productos y contenidos que distribuyen. Otro de los gigantes chinos del comercio electrónico, Temu, fue multado con 200 millones, mientras que la red social X ha recibido una penalización de 120 millones.
Sin embargo, el castigo contra Aliexpress está muy por debajo del umbral máximo del 6% de la facturación anual mundial previsto en la Ley de Servicios Digitales. De hecho, la multa de 550 millones de euros equivale aproximadamente al 0,4% su volumen de negocios, que alcanzó unos 132.000 millones de euros en 2025, según los datos de Bruselas.
La Comisión ha calculado la multa atendiendo a la naturaleza y gravedad de las infracciones, el impacto sobre los 193 millones de usuarios europeos de la plataforma y la duración de los incumplimientos, que se mantuvieron al menos hasta junio de 2025. Aun así, Bruselas aplicó factores atenuantes a favor de AliExpress, como el carácter novedoso de la DSA.
Tras una investigación de más de dos años, el Ejecutivo comunitario ha constatado dos grandes incumplimientos por parte de AliExpress. El primero se refiere a su deficiente evaluación del riesgo de que productos ilegales, inseguros o falsificados circularan a través de su plataforma.
En concreto, la Comisión concluye que AliExpress no tuvo en cuenta que carecía de personal suficiente para supervisar productos potencialmente ilegales: la elevada carga de trabajo de sus moderadores reducía el tiempo de revisión a apenas 10-20 segundos por artículo.
Además, la compañía no evaluó adecuadamente cómo sus propios sistemas de recomendación y publicidad podían amplificar la visibilidad de productos ilegales. A ello se suma la falta de métricas cuantitativas fiables para medir la eficacia de sus mecanismos de control.
En segundo lugar, AliExpress tampoco cumplió su obligación de mitigar los riesgos sistémicos que había identificado. La Comisión constató que numerosos productos ilegales -desde artículos falsificados hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos- siguieron circulando en la plataforma y que, incluso cuando eran detectados, permanecían disponibles durante semanas.
Además, la plataforma china no aplicó de forma efectiva su política de sanciones contra los vendedores que comercializaban productos ilegales. Como consecuencia, tiendas que ya habían sido penalizadas pudieron continuar activas en AliExpress.
Bruselas también ha concluido que los controles de cumplimiento de productos podían sortearse fácilmente mediante una categorización incorrecta de los artículos. A ello se suma que la compañía no logró frenar adecuadamente la venta de productos falsificados.
Su sistema obligatorio de ‘autorización de marca’, diseñado para impedir este tipo de prácticas, resultó ineficaz y contaba con recursos humanos insuficientes. Esto permitió a numerosos vendedores eludir los controles y publicar productos que solo fueron retirados posteriormente, una vez identificados como falsificaciones.
«Los productos falsificados representan un riesgo significativo en AliExpress. Además de las posibles consecuencias para los derechos de los consumidores, los vendedores de estos productos perjudican a las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que evitan estas inversiones», ha denunciado la Comisión.
