El Gobierno no tiene evaluados los planes de prevención contra incendios aprobados en un Real Decreto

  1. Valoración del incendio de Almería y demandas del sector forestal
  2. Real Decreto 716/2025: coordinación y criterios para planes contra incendios
  3. WWF sobre el cumplimiento y evaluación de la norma
  4. Evaluación de planes por parte del Ministerio y datos sobre siniestros
  5. Exigencias de WWF para una política eficaz de prevención y adaptación paisajística

Valoración del incendio de Almería y demandas del sector forestal

Profesionales del sector forestal han calificado, en declaraciones a ECD, el incendio de Almería como una «muerte anunciada» y reclaman una mayor profesionalización de las plantillas, con personal dedicado en exclusiva durante todo el año, así como un cambio en la política de inversión que refuerce de forma decidida la prevención. Recuerdan que, según los últimos datos disponibles, España destina alrededor de 176 millones de euros anuales a prevención, frente a 417 millones a extinción, lo que evidencia que se invierten muchos más recursos en apagar los incendios que en evitar que se produzcan.

Real Decreto 716/2025: coordinación y criterios para planes contra incendios

El 26 de agosto de 2025, mediante el Real Decreto 716/2025, se aprobaron criterios comunes que debían seguir las comunidades autónomas al elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. El objetivo era establecer un marco común para que todas las autonomías posean coordinación a la hora de afrontar este tipo de desastres. Un decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por Sara Aagesen, y aprobado por el Consejo de Ministros. En la tramitación participó el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, las comunidades autónomas, así como otros departamentos ministeriales. Dichas líneas a seguir se aprobaron para dar cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Montes —que prevé directrices comunes para los planes anuales de prevención y extinción—, así como adaptar la planificación de incendios al aumento del riesgo asociado al cambio climático.

WWF sobre el cumplimiento y evaluación de la norma

Una norma que, según detalla el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), marca un cambio de tendencia en la manera de afrontar los incendios forestales y cuyo cumplimiento por parte de las comunidades autónomas es clave, aunque no obligatorio. «Es necesario desarrollar indicadores de impacto que permitan evaluar de qué forma las medidas implementadas contribuyen a reducir la peligrosidad».

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto, las comunidades deben actualizar y presentar anualmente sus planes de prevención de incendios forestales de acuerdo con unos criterios mínimos comunes. La mayoría han publicado sus planes anuales para este año; no obstante, WWF afirma que no existe una evaluación que permita afirmar que cumplan plenamente los requisitos establecidos por esta norma. «Los avances políticos continúan aún en un plano principalmente teórico y declarativo. La falta de voluntad política, la persistencia de enfoques cortoplacistas y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y económicos siguen limitando seriamente su aplicación efectiva sobre el territorio», sostienen.

Evaluación de planes por parte del Ministerio y datos sobre siniestros

De acuerdo con fuentes ministeriales, comunican que realizan una evaluación continua a través de los datos y avances informativos que remiten las comunidades autónomas al Comité de Lucha contra Incendios Forestales.
Un seguimiento que está reflejado en un informe anual de evaluación normativa al que ha tenido acceso ECD. Este refleja los datos citados anteriormente. «Entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2026 se registraron 4.984 siniestros forestales, un 11 % más que la media del último decenio, que afectaron a 50.751 hectáreas, un 34 % por encima del promedio». También señala que, aunque la superficie arbolada quemada mantiene niveles similares a la media, aumentan de forma notable las hectáreas de matorral, monte abierto, pastos y dehesas afectadas. Además, se contabilizaron 15 grandes incendios (más de 500 hectáreas), más del doble de la media histórica, con el noroeste peninsular como la zona más afectada en superficie forestal quemada. Los datos son provisionales y no incluyen completamente algunos grandes incendios que seguían activos en el momento de la elaboración del informe.

Exigencias de WWF para una política eficaz de prevención y adaptación paisajística

En esta línea, desde la organización internacional dedicada a la defensa del medio ambiente y la conservación de la naturaleza exigen la evaluación de forma efectiva de los planes de prevención de incendios estipulados en el Real Decreto 716/2025, aprobado por el Gobierno en agosto del pasado año. Una evaluación que permita constatar la mejora en materia de incendios.

La organización aboga por pasar de una política centrada casi exclusivamente en la extinción a una estrategia de prevención y adaptación del paisaje. Para lograrlo, propone aplicar de forma efectiva el marco regulatorio del Real Decreto 716/2025, priorizar la creación de mosaicos agroforestales que combinen ganadería extensiva y agricultura tradicional y triplicar las intervenciones forestales anuales para gestionar de forma estratégica y adaptativa al menos el 1 % de la superficie nacional. Asimismo, WWF demanda una adecuada financiación comunitaria para el periodo 2028-2034, la aprobación de reformas de fiscalidad verde para los silvicultores activos e incentivos a la gobernanza privada, advirtiendo de que actuar preventivamente sobre el combustible del paisaje resulta hasta cuarenta veces más económico que apagar un incendio descontrolado.

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