Intentemos explicarlo. Conste que fácil no es. Jaime Martínez, alcalde de Palma, sustenta la decisión de multar a la Asociación de Vecinos de La Lonja, que incluye a los empadronados en el paseo del Borne, con 240 euros por haber instalado pancartas y banderolas en sus fachadas en protesta por el ruido que noche tras noche el negocio de la restauración genera. Dice el señor alcalde que las ordenanzas municipales son de obligado cumplimiento; quebrantarlas, sea quien fuere, desemboca en la correspondiente sanción. Señor alcalde, ¿y si por una vez empezamos sancionando a los ruidosos? Son muchas las ordenanzas municipales que se pasan por el forro, los conductores de patinetes se carcajean de Cort: nueve de cada diez infractores salen impunes. Doy fe de ello. Vayamos al concreto asunto del ruido: lo que acontece en La Lonja y aledaños es insoportable para el vecindario. Las noches de insomnio desquician al templado. ¿Dónde está la ordenanza que debe de acotar el ruido? El descanso nocturno tiene prioridad sobre determinadas actividades lúdicas, por pingües beneficios que generen, incluidos los que lubrican las arcas municipales. No hay que darle vueltas. Añadamos, no por ello menos importante: pancartas y banderolas constituyen ejercicio legítimo de libertad de expresión. A Cort no ha de salirle gratis ciscarse en derecho tan fundamental. El alcalde Martínez arguye conductas «incívicas» por colocar las pancartas y banderolas, incautadas por Cort. Es olvido deliberado, flagrante omisión, no actuar con la contundencia requerida contra los establecimientos que posibilitan el ruido. Se me permita divagación obligada: se nos enfatiza desde el PP que trabajan para frenar la masificación. Afirma el catedrático de Economía Guillem López Casasnovas: «Nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro» al no yugular el modelo turístico que está en la génesis del 26 de julio.
Ahí radica lo que puede suponer el definitivo punto de inflexión. La desbarrada con la que se ha dado respuesta al anuncio de los grafiteros de Arran, gamberros a tiempo completo, políticamente extraviados en no se sabe dónde, de pintarrajear establecimientos relacionados con el negocio inmobiliario y turístico exhibe que el nerviosismo cercano al pánico se ha adueñado de los sectores que pretenden la petrificación, que ni siquiera aceptan que todo debe cambiar para que todo siga igual. Cómo no, lo ejemplifica el vicepresidente del Gobierno balear de Marga Porhens, Antoni Costa, que, engolado, sentencia que las amenazas de Arran son «in-a-cep-ta-bles». Señor Costa, lo inaceptable es que usted siga siendo vicepresidente después de haber amparado, colocándolo de gerente en una empresa pública, a su amigo agresor sexual confeso. Esa sí es actuación inaceptable. Moralmente reprobable. Ante el 26 de julio se están matando moscas a cañonazos. Evidencia lo dicho: el nerviosismo cunde a destajo.
Volvamos a La Lonja, a los argumentos ofrecidos por el alcalde Martínez. Sentencia que «las asociaciones (vecinales) también tienen que cumplir las normas». Pues le reiteramos, que las cumplan bares y restaurantes, como se lo demandan las asociaciones de vecinos. Las ordenanzas contra el ruido nocturno son, deberían serlo, prioridad en Cort. Sucede que no lo son, bien por falta de disponibilidades (si se llama a la Policía Local te desesperas aguardando la respuesta, después te encomiendas al Altísimo para que haga acto de presencia la correspondiente dotación), o, cunde la sospecha, porque la manga ancha con el negocio de la restauración es acreditada marca de la casa.
El 23 de mayo la ciudadanía será convocada a las urnas para renovar el Parlamento balear, del que surge el Ejecutivo regional, y los ayuntamientos, además del ente indescifrable en el que se ha transmutado el Consell de Mallorca en el que el señor Bestard, factótum de Vox, hace lo que le viene en gana. Es melodía desencadenada la que el PP interpreta para perder unas elecciones que tiene (?) ganadas.
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