El Gobierno de los Estados Unidos ha emitido este lunes unas directrices que, según varios expertos consultados por CNBC, podrían reducir la concesión de préstamos por parte de los bancos a determinados inmigrantes sin posibilidad de trabajar en el país.
Las directrices, emitidas por tres organismos federales reguladores del sistema bancario —la Oficina del Contralor de la Moneda (Office of the Comptroller of the Currency), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration)—, destacan que las personas que no están autorizadas a trabajar en Estados Unidos pueden representar un «riesgo crediticio elevado», ya que su capacidad para generar ingresos, mantener un empleo y conservar la estabilidad financiera «puede estar sujeta a una mayor incertidumbre».
Los críticos sostienen que este tipo de directrices federales podría tener un efecto disuasorio sobre el uso de los servicios bancarios, incluso entre inmigrantes que sí cuentan con autorización para trabajar, además de incrementar los costos de cumplimiento normativo para las entidades financieras.
También advierten que la medida podría empujar parte del dinero fuera del sistema bancario regulado, lo que aumentaría el riesgo de fraude y abusos.
Los datos sobre el acceso al crédito por parte de los inmigrantes indocumentados son escasos, ya que los bancos no están obligados a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes.
