El resultado de las elecciones generales de julio de 2023 fue endiablado. El PP ganó los comicios, pero, contra todos sus pronósticos, solo sumó 170 diputados con Vox (la mayoría absoluta está en 176). Y ningún partido nacionalista iba a unir sus votos a un pacto de la derecha y la extrema derecha. El PSOE, Sumar, la izquierda nacionalista (ERC y BNG) y el PNV, en el otro lado, sumaban 165 escaños. Faltaba EH Bildu, pero con sus votos (171 en total), aun quedaban cinco para la mayoría absoluta. Así que se hizo imprescindible Junts per Catalunya (JxC, siete diputados), para desesperación de gran parte del PSOE. Junts era un partido de la derecha independentista dirigido, para más inri, por el fugado de la justicia española Carles Puigdemont. Pedro Sánchez encargó esa compleja negociación – haciendo de la «necesidad vitud»- al ahora expulsado Santos Cerdán, que contactó con ellos a través del PNV.
Aquellas conversaciones terminaron siendo un éxito para Sánchez, pero, como piensan muchos en el Partido Socialista, a cambio de «un enorme coste electoral» para el PSOE. «La primera legislatura, de 2019 a 2023, fue compleja y difícil», asegura un dirigente de una federación socialista del interior, «pero a partir de 2023 se empezaron a traspasar todas las líneas rojas que han llevado al PSOE donde está ahora» es decir, a su peor resultado histórico en Extremadura, Aragón o Andalucía.
La Ejecutiva Federal socialista y la gran mayoría del PSOE respaldó los acuerdos con Junts, pero el runrún y el malestar aterrizaron en gran parte de la organización. En 2023, varios secretarios generales levantaron la voz contra el pacto con JxC y contra la Ley de Amnistía, encabezados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el entonces líder de los socialistas de Aragón, Javier Lambán, o el era en Extremadura, con un tono más moderado, Guillermo Fernández Vara. Hasta el presidente de Asturias, Adrián Barbón, marcó líneas rojas y reclamó que el acuerdo respetara «el principio de igualdad» y que «estuviera dentro de la Constitución». Hoy, Lambán y Fernández Vara han fallecido, pero en sus federaciones continúa habiendo un gran malestar por aquellos acuerdos.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una intervención en la Cámara Baja. / José Luis Roca
Un secretario general autonómico actual asegura a EL PERIÓDICO que aquel acuerdo «sigue lastrando la legislatura» y critica los pactos a los que se llegó en 2023: «¿Cómo es posible que no se acordara al menos un apoyo a los presupuestos para dar estabilidad al mandato?» Además, admite que el hecho de que la legislatura dependa de Puigdemont «es algo que incomoda mucho a la mayoría de la militancia» porque «sus postulados ideológicos están en las antípodas de la socialdemocracia».
Desde entonces, el Gobierno ha avanzado a trancas y barrancas, sin aprobar ni un solo presupuesto. Y el partido ha obtenido los peores resultados de su historia en varias comunidades autónomas. «Tras pactar con Junts, se traspasó la penúltima línea roja», explica un dirigente con mando hasta hace un poco más de un año, «eso fue bueno en Cataluña, donde el PSC subió mucho, pero malo en el resto de España, sobre todo en la llamada España interior». Dirigentes socialistas resaltan que los platos rotos de las fotos y los acuerdos con Puigdemont, líder de «la derecha supremacista catalana», asegura una importante exdirigente federal, «los han pagado o los van a pagar especialmente el PSOE de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Aragón o Asturias».
«El efecto de los acuerdos con Junts fue desastroso», asegura un ex secretario general, «ahora mismo el partido va hacia el desolladero y en gran parte es por culpa de los pactos de 2023″. A esto se añade, continúa la misma fuente, «el efecto acumulativo de unos escándalos de corrupción a los que no les vemos final».
«La amnistía se aplaudirá a medio plazo»
Un secretario provincial andaluz explica a este diario que la negociación de la amnistía o las fotos con Puigdemont «por supuesto que tuvieron un efecto electoral muy negativo». Pero añade que «cualquier político responsable sabe que fue muy necesario». «La amnistía se aplaudirá a medio plazo y a largo plazo, el PP se apropiará de ella», concluye.
En la Ejecutiva Federal y en el Gobierno son optimistas. Admiten que aquellos acuerdos fueron complejos y pudieron provocar un desgaste importante en 2023 y 2024, pero consideran que sus peores efectos que se han ido diluyendo con el tiempo y «ya se han amortizado». Además, ahora confían en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sea favorable a la Ley de Amnistía y que el Tribunal Constitucional también resuelva de forma favorable los recursos pendientes, lo que esperan que tenga «un efecto sanador sobre una ley que fue en principio muy polémica».
«Lo que está claro es que el PP comenzó prediciendo el apocalipsis y ha terminado aceptando a Junts como un actor político más y buscando su apoyo para una moción de censura», aseguran desde Ferraz, donde no son pesimistas con el efecto de los pactos con Junts de cara a las elecciones del año que viene. «Cuando Puigdemont vuelva por fin a España se demostrará que esta ley ha normalizado la convivencia y ha desinflado el suflé independentista», asevera un miembro de la dirección socialista.
Un secretario general local de Madrid lo tiene igualmente claro y por experiencia propia: en su agrupación «ya nadie habla de la amnistía, solo de la corrupción». En su opinión, aquel debate «está totalmente amortizado, y ni siquiera el PP o Ayuso hablan ya de ello», con lo que no cree que vaya a tener ningún efecto negativo en el futuro, aunque lo haya tenido en el pasado. «Hoy hace más daño el acuerdo de financiación pactado con ERC que la amnistía», añade, «que ha permitido un Gobierno progresista en España o que Salvador Illa ganara las elecciones en 2024».
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