El Tribunal Supremo ha reclamado a Se Acabó La Fiesta (SALF), la agrupación por la que fue elegido eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, sus movimientos bancarios, en el marco de la causa abierta por presunta financiación ilegal.
Mediante un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, accede a diligencias solicitadas por la acusación que ejerce el PSOE y relacionadas con los 100.000 euros que dio a ‘Alvise’ el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, también investigado junto con el político.
Sánchez Melgar da ese paso después de recibir del Parlamento Europeo el acuerdo de suspensión de la inmunidad parlamentaria de ‘Alvise’, aforado ante el Supremo por su condición de eurodiputado.
El magistrado requiere al representante legal de SALF la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo en 2024.
Asimismo, emplaza a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a que investigue y elabore un informe sobre el tráfico de ‘wallets’ –carteras digitales– creadas por los investigados.
También insta al Tribunal de Cuentas a que informe y aporte la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de la agrupación de electores en aquellos comicios.
El PSOE había pedido además que se tomara declaración a los investigados y se acordara indagar patrimonialmente tanto a ellos como de SALF para averiguar saldos y cuentas de los mismos a través del Punto Neutro Judicial.
A este respecto, los socialistas querían que esa información se facilitara a la Policía para que analizara los movimientos de las cuentas que se encontraran al menos desde 2023 y pudieran solicitar los movimientos en las entidades bancarias que aparecieran.
Pero el magistrado instructor de esta causa, una de las seis que tiene abiertas ‘Alvise’ en el Supremo, señala que esas diligencias quedan supeditas al resultado de las otras y «se acordarán en su momento».
Además de la presunta financiación ilegal, el alto tribunal investiga el presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en la lista de SALF; el presunto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert; presuntas amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce; la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa, y presunto desorden público por mensajes que incitaban al colapso de vías de comunicación y espacios en una protesta agrícola.
Fuente: El Periódico
