Mientras se busca una salida administrativa a la compleja situación legal de las más de 200 viviendas construidas en la urbanización de la Foya de Vilafamés y el Seprona avanza en la investigación que afecta a más de 40 propietarios que edificaron de espaldas a la ley durante los últimos cinco años, el Ayuntamiento de la localidad está tratando de aportar una solución a un problema que los residentes llevan años exigiendo: garantizar el suministro de agua potable.
Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
La realidad objetiva es que cada persona que construía en la zona sabía que no tenía licencia de obras ni dispondría de los servicios esenciales cuando se pusiera a vivir, porque la urbanización no estaba desarrollada y, aun así, se siguió edificando hasta que se conformó la gran zona residencial que existe en la actualidad.
Unas irregularidades de las que el Defensor del Pueblo, en su momento, ya destacó que se derivaban «en parte, de un funcionamiento inadecuado de la administración municipal», a quien le recordó su obligación de solucionar un problema que los vecinos llevaban años reclamando, al tratarse de un suministro esencial al que tienen derecho y el consistorio debe garantizar.
Mediterráneo ya se hizo eco de las quejas vecinales en el año 2018. Desde entonces, el día a día de los afectados ha cambiado poco en ese sentido. De hecho, en respuesta a una denuncia presentada por los residentes, el Síndic de Greuges emitió una resolución en el 2023 en la que se recomendaba al Ayuntamiento proceder «en el menor tiempo posible a la redacción y aprobación de los instrumentos de planeamiento o de los proyectos necesarios que permitan dotar a las viviendas existentes en la urbanización de la Foya de los servicios urbanísticos previstos en la legislación, y con carácter prioritario el suministro de agua potable».
Solución acordada con Sanidad
El alcalde, Abel Ibáñez, explica que desde que su gobierno llegó al Ayuntamiento en el 2015 «hemos ido buscando soluciones» aunque «la única viable, al no tener el desarrollo urbanístico, era habilitar un punto de suministro desde el que camiones cuba potabilizadores realicen el suministro», una medida acordada con Sanidad, según señala, y que se ha llevado a cabo recientemente.
La de las cubas es la única alternativa que se ha puesto a disposición de los vecinos, dado que el desarrollo urbanístico del barrio va para largo, aunque utilizarse es voluntario, nadie puede obligarles a que recurran a las cubas y asumir el coste que ello supone. Y ante esa realidad, el alcalde solo puede recordar que Sanidad lleva recomendando desde el 2017 que no utilicen el agua que actualmente llega a las casas, ni siquiera para la higiene personal.
Pese a la problemática urbanística, que está en la base de todo, el Síndic de Greuges le recordó al Ayuntamiento que «el abastecimiento de agua potable es una competencia obligatoria de esa administración local que no está ejerciendo (en el 2023, fecha de su resolución) siendo una obligación legal directamente exigible por los interesados», matizando que debe cumplirse con ese deber «sin perjuicio de las condiciones concretas de su establecimiento o del deber de contribuir a sufragar el coste que ello suponga».
Sin urbanización, no hay tuberías
Sin la opción de una canalización de suministro convencional hasta que no se defina, se impulse y se ejecute el plan urbanístico, el problema es que el consistorio habilita ese punto de agua potable, ha buscado a la empresa de transporte, pero el coste de recargar los depósitos de cada domicilio con los camiones cuba corre a cargo de los vecinos, además del consumo que hagan.
Un ejemplo más de que sin una ordenación adecuada del territorio que ocupa la Foya, los problemas de los vecinos que residen en ella van a persistir, como es el caso del acceso al agua potable o el de verse obligados a recurrir a fosas sépticas al no existir alcantarillado.
El alcalde confirmó a este periódico que tienen preparadas unas bases reguladoras para sacar a licitación ese desarrollo a través de un agente urbanizador. Un proceso administrativo que será largo y que faltará por ver si acaba interesando a alguna empresa.
Sea como sea, los vecinos deberán hacerse cargo de una parte del coste de urbanización, y ese precio a pagar ha sido lo que hasta ahora, según apuntan todas las fuentes consultadas, ha lastrado la regularización de esta situación de ilegalidad, que ahora acabado en manos del Seprona, lo que supone que algo más de 40 propietarios, de momento, se exponen a llegar a los tribunales, donde podrían imponerse tanto multas como penas de prisión.
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