Nigel Farage, líder de la derecha populista británica, ha decidido renunciar a su escaño en medio de los escándalos financieros para relanzar su carrera política en las urnas. Se siente arropado por el delito; siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, lanza su discurso contra las élites que, según él, lo quieren acorralar. Marine Le Pen será candidata de la extrema derecha al Elíseo después de que le rebajaran su condena por malversación de fondos europeos. Apelando al instinto ideológico, deja que los franceses tengan la última palabra sobre su inocencia o culpabilidad. En España, el Gobierno lleva refugiándose en el victimismo desde hace tiempo; cuando no es la amenaza grosera del presidente de Estados Unidos es el lawfare y los jueces que investigan los casos de corrupción, o mismamente «Yo, con Begoña». Todo ello y mucho más con tal de contrarrestar el desplome que predicen las encuestas.
La política contemporánea ha descubierto una paradoja en la imputación, la condena o el escándalo, que ya no significan necesariamente el final de una carrera. Con frecuencia se convierten en combustible narrativo. El dirigente cuestionado se presenta como víctima de jueces, adversarios, medios o poderes difusos, y convierte la rendición de cuentas en una prueba de autenticidad ante los suyos. El victimismo ha dejado de ser coartada ocasional para transformarse en estrategia. Allí donde la polarización se intensifica, los electores tienden a interpretar las acusaciones a través del prisma de su identidad política. Los hechos importan, pero a menudo menos que la confianza previa en el líder y el temor a que el adversario alcance el poder. En una esfera pública fragmentada, cada bando dispone de argumentos y altavoces para reinterpretar el escándalo como agravio. El resultado es una democracia en la que la indignación se ha vuelto selectiva y la condición de víctima se disputa con más ahínco que la de responsable.
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