El Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a la reforma de las normas que regulan los derechos de los pasajeros aéreos, que mantendrá la compensación en retrasos de más de tres horas, y pone fin a más de 13 años de negociaciones con las capitales, que querían limitar los beneficios para los consumidores.
Los pasajeros europeos seguirán teniendo derecho a una indemnización cuando su vuelo se retrase más de tres horas o se cancele menos de 14 días antes de la fecha prevista. En el caso de los retrasos, el montante dependerá de la distancia. Para vuelos de hasta 1.500 km, serán 250 euros; entre 1.500 km y 3.000 km, serán 400 euros; y para los demás vuelos, ascenderá a 600 euros.
En caso de incidencia, las nuevas normas establecen que los pasajeros tienen derecho a bebidas cada dos horas de espera, una comida después de tres horas, y después cada cinco horas, además de acceso a internet y llamadas telefónicas. En caso de que sea necesario, la aerolínea tendría que correr con los gastos de noches de hotel y transporte.
En caso de cancelación, las aerolíneas deberán ofrecer un transporte alternativo lo antes posible y en un plazo máximo de tres horas. Además, deberá hacerse en «condiciones de transporte comparables». En el caso de que la compañía no cumpla con lo previsto en la ley, «los pasajeros podrán organizar su propio transporte alternativo y solicitar el reembolso, que puede ser de hasta el 400 % del coste original del billete«.
Sin equipaje gratuito
Sin embargo, ese acuerdo no incluye medidas como la gratuidad del equipaje de mano, tal y como defendía España. Los pasajeros tendrán derecho a llevar solo un pequeño bolso, como ya ocurre ahora. El texto, eso sí, exigiría más transparencia a las aerolíneas sobre los precios de los billetes con o sin equipaje incluido, para permitir que los viajeros puedan comparar entre distintos proveedores.
Otra novedad de la legislación es el refuerzo de los derechos de las personas con necesidades especiales, desde las personas con movilidad reducida hasta los niños. Según la nueva normativa, las familias y las personas con movilidad reducida y sus acompañantes podrán sentarse juntas sin coste adicional. También tendrán derecho a compensación, por ejemplo, si el aeropuerto no presta asistencia suficiente.
Además, las nuevas normas prohíben denegar el embarque a los conocidos como ‘pasajeros ausentes’. Es decir, aquellos pasajeros que por alguna circunstancia perdieron o no cogieron el vuelo de ida. Habitualmente, las compañías cancelaban su vuelo de vuelta sin compensación al entender que no lo cogería. Esto estará prohibido a partir de ahora.
Más información y transparencia
Cuando se den retrasos, las compañías deberán informar a los pasajeros lo antes posible y, a más tardar, a la hora de salida prevista del vuelo. Cuando esos retrasos puedan dar lugar a una compensación, las aerolíneas deberán informar a los pasajeros en un máximo de 96 horas del procedimiento a seguir. También deberán responder a la reclamación en un máximo de 30 días.
Por otro lado, la nueva legislación establece una lista de «circunstancias extraordinarias», por las que las aerolíneas podrían estar exentas de pagar compensaciones. Se trata de aquellos acontecimientos «que escapan al control de la compañía aérea y no están relacionados con su funcionamiento».
En el caso de que una compañía rechace una compensación por este motivo, eso sí, deberá fundamentar su decisión. Además, las normas exigen más transparencia a las compañías sobre los derechos de los pasajeros y una comunicación más proactiva. También que los consumidores puedan comunicarse con las aerolíneas de manera «gratuita y eficiente».
Dónde y cuándo
Estas normas se aplican exclusivamente a los pasajeros que viajan dentro de la Unión Europea, sea en vuelos operados por compañías aéreas basadas en territorio comunitario o de terceros países. También para quienes lleguen al bloque con una compañía aérea de la UE o cuando vuelen hacia un tercer país desde aquí, sea la compañía europea o no. Aunque estas normas todavía están pendientes de su aprobación por parte de los gobiernos europeos.
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