Uno de los enredadores del reino, Núñez Feijóo, se dedica a provocar el hastío del personal. Que lo tiene muy fácil para no contribuir al enredo que a él y a los suyos les interesa con el objetivo de adquirir las llaves de la Moncloa. De todas formas, cada vez que el presidente se enfrenta a él, este hombre sale del Congreso en camilla. ¿Va a contribuir el ratón a que gobierne el gato y sus colegas? Suéltense maldades y mentiras, que algo queda. Esa es la estrategia de algunos con su enfermizo afán de poder.
Cambian el discurso cuando les da la gana e interpretan un sainete diario con sabor a farsa. Los rigurosos datos oficiales no son gestionados por obra y gracia de Sánchez y no coinciden con las bufonadas de Feijóo después de empinar el codo. Engorda polémicas en busca de réditos políticos. La cifra de personas extranjeras no ha crecido cuatro millones, sino poco más de dos millones y medio. Muchos de los que han accedido a la regularización recientemente ya estaban empadronados.
A propósito de la ley de nietos, el timador Feijóo cambia el sermón ante sus parroquianos con respecto a esa disposición de la Ley de Memoria Democrática que da nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados, quienes dejaron España por escasez, hambre o cuestiones políticas. Una cosa son las peticiones de citas registradas para presentar la solicitud de nacionalización, y otra distinta es acceder a ella o haberla pedido. No son votantes nuevos exactamente. Solo personas con historias familiares de emigración forzosa. La guerra civil y la dictadura sí alteraron el censo.
Feijóo proclama también, sin argumentos válidos, la falta de preparación del Estado para gestionar un cambio de esta «magnitud» en cuanto a la capacidad financiera y a los adecuados recursos. Tampoco nos vale. Informes del Banco de España y de otras instituciones reflejan un efecto fiscal positivo de las migraciones en nuestro país, lo que a sus autoritarios prejuicios les importa un carajo.
Sabemos que los migrantes aportan a la economía española mucho más de lo que reciben del Estado. Los descendientes de emigrantes no son «una maniobra de Sánchez» para fabricar votos. El propio Feijóo, presidiendo la Xunta gallega, defendió lo que hoy rechaza como ejemplo de incoherencia. El programa electoral del PP en 2023 incluía este compromiso de ampliar y facilitar el acceso a la nacionalidad española para los descendientes de españoles residentes en el exterior. La hoy portavoz del risible grupo popular en el Congreso, Esther Muñoz, defendió en 2022 esta posibilidad.
El más reciente asunto de lo que ocurre con las dos derechas está en el acuerdo de gobierno acontecido en Andalucía con una hoja de ruta en la que la ultraderecha canta victoria. El presidente Bonilla esgrime reaccionarios ideales que afectan a la inmigración, la educación, la memoria democrática, la fiscalidad o el modelo de prestación de servicios públicos. Las actitudes discriminatorias de la «prioridad nacional» nada tienen que ver con las necesidades auténticas de la ciudadanía y la integración social promovida por fondos estatales. O sea, el choque con el Ejecutivo central está servido. Y el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse, en su caso, ante medidas contrarias al principio de igualdad. Millones de españoles buscaban lo mismo que ahora pretenden los inmigrantes. Es el delito de querer vivir dignamente.
La motosierra y la exaltación del interés privado de estas hermanitas de la caridad están ahí, y las consecuencias del cambio climático no existen. El humanismo de las derechas brilla por su ausencia en esto y en todo. Así son los patriotas de pacotilla. ¿Eso pretende votar más de uno en próximas elecciones generales? La infamia de que son «los nietos de Sánchez» es pisotear a aquellos emigrantes del pasado siglo y a sus descendientes. Dan clases de honradez, pero no tienen reparos en cualquier ámbito.
Otra demostración es la corrupción en las filas del PP. Aún colea. Al que fue secretario general de ese partido en Madrid, Francisco Granados, figura próxima a Esperanza Aguirre, se le condena dentro de una pieza del caso Púnica por delito continuado de fraude y otro de prevaricación. O la operación Kitchen y la presunta culpabilidad (como poco) del exministro del Interior Fernández Díaz en aquel operativo parapolicial en busca de documentación y grabaciones del caso Gürtel, comprometedoras para el PP y sus máximos dirigentes, en relación con la financiación irregular del grupo, que en ese momento estaba en curso.
No resulta ajena esta cultura política. Exigen moralidad y regeneración democrática, exhibiendo manos «limpias», y confían en la desinformación para que buena parte de ciudadanos no se entere de ciertas tropelías y de las que aún quedan en los tribunales, o de ese fariseísmo del que siempre hacen gala sin pudor. No se dirigen a una sociedad adulta. Únicamente pueden dirigirse a sus afables auditorios.
Venga de donde fuere, es preciso desterrar la corrupción. El cerrilismo ideológico carece de licencia democrática, por lo que no sorprende que la ministra Yolanda Díaz, en nombre de los trabajadores, los pensionistas y lo público, se dirija a los sindicatos. «Haced lo que tengáis que hacer para que no gobiernen los bárbaros».
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