El exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías ha rechazado de forma tajante las acusaciones sobre un supuesto fraude electoral vinculado a la Ley de Memoria Democrática y ha calificado de «disparate» las afirmaciones que apuntan a una presunta manipulación del censo para favorecer al Gobierno.
Durante su intervención en Malas Lenguas, Urías ha respondido a las declaraciones del portavoz de Vox, José María Figaredo, quien había sugerido que la norma escondía una «ingeniería electoral» destinada a modificar el resultado de futuras elecciones. «Esto es un disparate«, ha afirmado el jurista nada más comenzar su explicación.
🗳️ Pucherazo electoral, ¿tarea fácil?
📊 «El 90 % de las solicitudes son para tener pasaporte español; solo acaba pidiendo el alta consular para votar el 0,5 %», explica @jpurias en #MalasLenguasN. pic.twitter.com/dddtr9Y136
— Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 4, 2026
Urías ha querido aclarar, en primer lugar, que la denominada disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática no es una norma independiente, sino simplemente «un artículo» de la propia ley. Según ha explicado, esa disposición se incorpora precisamente porque pretende reparar una de las consecuencias del exilio provocado por la dictadura franquista, que ha obligado a cientos de miles de españoles a abandonar el país.
«Medio millón de españoles tuvieron que irse a la fuerza y eso sí cambió el censo electoral«, ha recordado, defendiendo que la norma busca reconocer los derechos de sus descendientes y no alterar el sistema democrático.
«El problema no es un fraude, sino la lentitud»
Lejos de respaldar la gestión del Ejecutivo, Urías sí ha criticado la forma en que se está aplicando la ley. Según ha explicado, alrededor de 2,5 millones de personas han solicitado cita para presentar la documentación necesaria con el fin de obtener la nacionalidad española. Sin embargo, ha denunciado que los consulados acumulan un importante retraso y que en algunos casos están concediendo citas para el año 2030.
A su juicio, esa situación evidencia un problema administrativo, no una estrategia política. «No se puede tener una ley que dice que usted tiene que presentar unos papeles y dar cita para dentro de cinco años«, ha lamentado.
El jurista ha señalado que el Gobierno está intentando reforzar los consulados para agilizar la tramitación, aunque ha reconocido que el proceso avanza «tremendamente despacio». En ese contexto, ha considerado imposible que la inmensa mayoría de las solicitudes puedan resolverse antes de las próximas elecciones generales.
Nacionalidad no significa derecho automático al voto
Otro de los aspectos que ha querido desmontar Urías es la idea de que todas las personas que obtengan la nacionalidad española pasarán automáticamente a formar parte del electorado. El exmagistrado ha aseverado que el procedimiento regulado por la Ley de Memoria Democrática permite solicitar la nacionalidad española, pero eso no implica adquirir de manera inmediata el derecho a votar desde el extranjero.
Para poder participar en unas elecciones, ha recordado, es necesario inscribirse en el registro consular correspondiente, un trámite que, según los datos aportados por Urías, apenas realiza una pequeña parte de los nuevos nacionalizados.
«El 90 % de la gente quiere el pasaporte español por las ventajas que ofrece para viajar o residir, no tiene interés en votar«, ha asegurado. De hecho, ha afirmado que únicamente alrededor del 0,5 % de quienes obtienen la nacionalidad llegan a solicitar el alta consular necesaria para ejercer el derecho al voto. Por todo ello, Urías ha concluido que las acusaciones sobre un supuesto «pucherazo» carecen de fundamento y se basan en una interpretación interesada de la norma. «Todo esto es un invento, un bulo que está creciendo a partir de una media verdad», ha sentenciado.
