Una resolución del Consejo de Transparencia ha reabierto el foco sobre uno de los fines de semana más delicados del mandato de Pedro Sánchez. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno tendrá que facilitar los gastos de la estancia del presidente en la finca de Quintos de Mora entre el 13 y el 15 de junio, así como el coste de todas las visitas realizadas desde que llegó a La Moncloa, después de que el organismo estimara una reclamación presentada al amparo de la Ley de Transparencia. Según ha podido saber Confidencial Digital, la Administración no respondió inicialmente a la solicitud ni presentó alegaciones durante el procedimiento, lo que ha llevado al Consejo a ordenar la entrega de la información.
El Consejo de Transparencia da la razón al solicitante
La resolución estima íntegramente la reclamación presentada tras el silencio administrativo de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. El solicitante había pedido conocer los gastos totales y desglosados correspondientes al fin de semana del 13 al 15 de junio, así como las fechas de todas las estancias de Pedro Sánchez en Quintos de Mora desde que accedió a la Presidencia y el coste detallado de cada una de ellas.
El Consejo considera que se trata de información pública y recuerda que la Administración únicamente puede limitar el acceso cuando exista una causa legal debidamente motivada. En este caso, además de no responder dentro del plazo establecido, Presidencia tampoco remitió alegaciones cuando le fueron solicitadas durante la tramitación de la reclamación.
Qué información tendrá que hacer pública Moncloa
La documentación que deberá facilitar la Presidencia del Gobierno incluye varios apartados.
En primer lugar, los gastos totales y el desglose de la estancia realizada entre el 13 y el 15 de junio. Además, tendrá que comunicar las fechas de todas las visitas efectuadas por Pedro Sánchez a Quintos de Mora desde que es presidente del Gobierno y el coste total y desglosado correspondiente a cada una de ellas.
Hasta el momento no se conoce qué partidas concretas integran esos gastos, ya que precisamente esa información es la que deberá proporcionar la Administración en cumplimiento de la resolución.
La estancia en Quintos de Mora coincidió con uno de los episodios políticos más delicados de la legislatura.
El 12 de junio se hizo público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba a Santos Cerdán en el centro de la investigación del caso Koldo. Ese mismo día, el entonces secretario de Organización del PSOE anunció su dimisión y abandonó todos sus cargos en el partido.
Al día siguiente, Pedro Sánchez se desplazó a Quintos de Mora, donde permaneció durante el fin de semana mientras el Gobierno y la dirección socialista analizaban la respuesta a una crisis política que amenazaba con alterar el rumbo de la legislatura.
El lunes 16 de junio, el presidente reapareció con una reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la que inició la reorganización del partido tras la salida de Cerdán y comenzó una nueva etapa para tratar de contener el impacto político del caso.
Paisaje natural
Quintos de Mora es una finca de titularidad estatal situada en la provincia de Toledo y gestionada por Patrimonio del Estado.
Originalmente concebida como finca de caza, con el paso de los años se ha convertido en un espacio utilizado por distintos presidentes del Gobierno para celebrar reuniones de trabajo, preparar decisiones políticas o realizar estancias de descanso.
Su aislamiento, el elevado nivel de seguridad y las instalaciones disponibles la han convertido en uno de los lugares más utilizados por los distintos jefes del Ejecutivo para mantener encuentros alejados de la actividad diaria de La Moncloa.
Uno de los aspectos que más pesa en la decisión del Consejo es la ausencia de respuesta por parte de la Administración.
La Presidencia del Gobierno no contestó a la solicitud presentada en octubre de 2025 y tampoco remitió alegaciones cuando el Consejo inició el procedimiento de reclamación.
La resolución recuerda que el derecho de acceso a la información pública goza de un amplio reconocimiento en el ordenamiento jurídico español y que cualquier limitación debe estar expresamente justificada. Añade que el silencio administrativo no puede convertirse en una forma de impedir el ejercicio de ese derecho cuando la información solicitada obra en poder de la Administración y ha sido elaborada en el ejercicio de sus funciones.
