La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó una partida extra para el sistema de dependencia de 2.218 millones de euros en 2026. Si se suma la cantidad para 2027 la cifra asciende a una inversión total extra de 6.200 millones. Se trata, según destacó el presidente del Gobierno, de la «mayor inversión en la dependencia de la democracia» dado que se multiplica por cinco la cantidad total dedicada desde 2018. El objetivo es reducir las listas de espera, reforzar los cuidados para las personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han asegurado este viernes que el aumento de la financiación estatal servirá para que las listas de espera para acceder a una prestación efectiva por dependencia se reduzcan un 47% antes de finales de 2027.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy calcula que, en apenas un año y medio, más de 70.000 personas dejarán de estar en lista de espera. En concreto, la previsión apunta a una reducción de 71.338 personas, una caída que el ministerio considera récord y que se produciría en un contexto de crecimiento sostenido de las solicitudes de prestaciones por dependencia.
La nueva financiación también permitirá ampliar de forma significativa el número de personas atendidas dentro del sistema. Según las mismas estimaciones, a finales de 2027 habrá alrededor de 417.000 personas más recibiendo una prestación por dependencia, lo que supondrá un incremento del 25% respecto a 2025. En total, el sistema atenderá a casi 2,1 millones de personas.
El aumento de recursos se basa en las nuevas cuantías aprobadas por el Gobierno la semana pasada, que duplican la aportación estatal destinada a las comunidades autónomas para la gestión de la dependencia en cada territorio. Estas cantidades han comenzado a abonarse este mes de julio y supondrán una inversión adicional de 6.200 millones de euros hasta finales de 2027.
Condiciones laborales
Además de reducir las listas de espera y ampliar el número de beneficiarios, Derechos Sociales prevé que el incremento de financiación contribuya a mejorar la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales del personal que presta cuidados a las personas en situación de dependencia.
La medida, según insiste el ministerio, tendrá carácter estructural. Es decir, las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley, por lo que las comunidades autónomas seguirán disponiendo de esta financiación reforzada en 2028 y en los años posteriores. Derechos Sociales estima que la reducción de las listas de espera y el aumento de personas atendidas continuarán más allá de 2027.
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