El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha cerrado oficialmente sus ventanillas con un balance definitivo que desborda cualquier previsión pública: 1.174.978 solicitudes registradas, de las cuales 609.737 ya han sido tramitadas.
Durante meses, el Gobierno defendió una estimación oficial de 500.000 potenciales beneficiarios, utilizándola como escudo político frente a quienes alertaban de un aluvión burocrático.
Sin embargo, los datos finales presentados este 2 de julio por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, confirman que la demanda real ha duplicado las proyecciones iniciales, concentrándose de manera muy notable en Cataluña (257.602 peticiones), la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).
El plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización acabó este martes 30 de junio.
Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.
Este volumen de solicitudes dibuja un mapa preciso sobre el origen geográfico de los solicitantes, donde América Central y del Sur y África concentran un abrumador 89% del total de los expedientes, 67% y 22%, respectivamente.
Por países, Colombia lidera de manera muy destacada el censo con el 25,9% de las peticiones, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%), quedando un 20,5% repartido entre otras nacionalidades.
El perfil de quienes aspiran a regularizarse es predominantemente joven y de ligera mayoría masculina: el 57% son hombres frente al 43% de mujeres, situándose un 81% de los peticionarios por debajo de los 45 años.
Los tramos demográficos se distribuyen con un 11,1% de menores de entre 0 y 15 años, un 17% de jóvenes de 16 a 24 años y un mayoritario 31,3% concentrado en la franja de los 25 a los 34 años.
El peso de la inmigración de origen latinoamericano es tan significativo que, como destacan fuentes del Ministerio, tres de cada cuatro solicitantes (un 75%) son hispanohablantes nativos, lo que reduce sustancialmente la barrera del idioma para su plena inserción laboral y social.
De hecho, el 84% de las personas que están en proceso de regularización tienen competencia lingüística plena del español y en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial, conocen la lengua 40%.
En cuanto al nivel formativo, el 67% tiene educación postobligatoria: 43% bachillerato o formación profesional y el 24% educación universitaria.
Cancela ha valorado positivamente los datos de esta fase inicial del proceso. «Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva».
160.000 afiliados más
Más allá de la carga administrativa, el proceso está teniendo un reflejo directo en el empleo formal. A 30 de junio, ya constaban 159.097 altas en la Seguridad Social de personas beneficiarias con una autorización provisional para trabajar.
En cuanto al tipo de empleo en el que se encuentran, las personas regularizadas que se han dado de alta se encuadran mayoritariamente en el Régimen General de la Seguridad Social (83,4%).
Además, el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las nuevas altas (77,3%), si bien es inferior al conjunto del total de afiliados extranjeros procedentes de países no comunitarios, que es de un 86,1%.
Por tipo de actividad, las secciones que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).
Entre el PIC y el TJUE
Para encauzar social y laboralmente esta realidad, el Gobierno anunció el martes la puesta en marcha el Plan de Integración y Ciudadanía (PIC), dotado con más de 500 millones de euros en su primer año.
Esta partida se desglosa en 185 millones para fomento del empleo y formación —incluyendo 150 millones para ofertar 100.000 plazas extraordinarias de Formación Profesional—, casi 30 millones para integración comunitaria y aprendizaje de lenguas cooficiales y más de 200 millones para el refuerzo de servicios públicos territoriales.
El plan también prevé la creación por ley de la Agencia Estatal de Movilidad Humana para centralizar la gestión de asilo, acogida y residencia, salvaguardando las competencias de control de fronteras y seguridad que seguirán en manos del Ministerio del Interior.
No obstante, la viabilidad legal de todo el entramado migratorio se enfrenta a un examen crítico en los tribunales.
Tras admitir recursos de comunidades como Aragón y la Comunidad Valenciana, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha abierto un trámite de audiencia, que finaliza este viernes 3 de julio, para decidir si eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los magistrados albergan serias dudas sobre la compatibilidad del real decreto con el Derecho comunitario.
Cuestionan si vulnera la Directiva de Retorno al archivar órdenes de expulsión judicialmente confirmadas, si quiebra la «cooperación leal» al aplicar una regularización unilateral sin aviso previo a la Comisión Europea y si choca con el Acuerdo de Schengen al otorgar libre circulación automática por Europa a más de un millón de personas durante 90 días por semestre.
Frente a la ofensiva judicial, el Ministerio de Inclusión y la Abogacía del Estado preparan sus alegaciones con tranquilidad, recordando que el Supremo ya desestimó suspender cautelarmente el proceso en mayo.
Moncloa defiende la plena legalidad de la norma, «avalada por el Consejo de Estado«, y se ampara en un argumento estrictamente de soberanía nacional y territorialidad: «Quienes tengan la autorización para residir y trabajar es para hacerlo en España, no es para desplazarse a otro país de la Unión Europea».
