El Gobierno ha pedido a la Unión Europea más tiempo para reformar la normativa relativa a interinos y cumplir así con las exigencias que le ha trasladado el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE), tras sendas sentencias contrarias. Europa lleva años diciéndole a España que no cumple con las garantías mínimas y no evita ni compensa el abuso de la temporalidad en la función pública. Es por ello que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha reclamado a Bruselas margen hasta marzo de 2027 para diseñar y poner en marcha cambios al respecto, que tal como le ha señalado la justicia europea deberá pasar por cambiar, entre otros, las indemnizaciones a los eventuales.
El ministro López ha citado el próximo 8 de julio en Santander a las comunidades autónomas para comenzar a alumbrar esa batería de cambios mediante los que cumplir con la normativa europea en materia de temporalidad, tal como ha publicitado este martes en un comunicado. No en vano, los porcentajes más altos de eventualidad en el sector público se siguen concentrando en aquellos servicios gestionados desde las autonomías, especialmente en la sanidad y la educación. Y deberán ser estas quienes apliquen y costeen las nuevas medidas.
A expensas de qué cambios pueda plantear el Ejecutivo y vean con buenos ojos (o no) las comunidades autónomas, tanto el Tribunal Supremo como los magistrados europeos señalaron un camino claro a los interinos: pedir indemnizaciones adicionales. «No parece que las indemnizaciones previstas por la normativa nacional, que se abonan en el momento de la extinción de la relación laboral y están sujetas a un doble límite máximo, puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada», decía el TJUE en su última sentencia.
Completar la reforma de 2021
El Gobierno, entonces bajo la dirección ministerial de Miquel Iceta, pactó en 2021 con los sindicatos una reforma de la normativa básica del empleado público para reducir la eventualidad en la Administración y que personas que entraran como interinos se pasaran años y décadas sin plaza fija. Una de las vías que activó fue obligar a toda administración a cesar a un empleado temporal cuando cumpliera tres años en el cargo, a cambio de una indemnización de 20 días por año trabajado. Europa, a posteriori, determinó que esa compensación no era suficiente y, sobre todo, no evitaba el abuso de la temporalidad, ya que compensaba igual a una persona que lícitamente hubiera estado de temporal, como a aquel que se hubiera perpetuado por motivos no lícitos.
A partir de ahí, la Administración impulsó una serie de regularizaciones extraordinarias para conceder una plaza fija a aquellos interinos que pudiera acreditar que llevaban al menos cinco años en fraude en la misma plaza del sector público. Según datos divulgados este martes por el Ministerio, hasta ahora y entre todas las administraciones -estatal, autonómicas y municipales- se han estabilizado un total de 440.168 empleados públicos. No obstante, según los propios datos oficiales, la temporalidad en los sectores de educación y sanidad, «competencia de las CCAA», asciende al 40% y 43%, respectivamente.
Distintas sentencias, tanto del TJUE como del Tribunal Supremo, han reñido a España y le han reclamado cambios. Ahora, el Gobierno se abre a implementarlos y deberá determinar qué piezas toca en la estructura de contratación y rotación de pesonal público. El Supremo, por ejemplo, insistió especialmente en su último fallo en la posibilidad de que los eventuales en fraude pudieran reclamar indemnizaciones adicionales a esos 20 días por año trabajado que establece la ley. Concretamente, apuntó a la LISOS, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y apuestó por habilitar una indemnización adicional equivalente a lo que debería pagar una empresa privada si cometiera una infracción grave. Es decir, una horquilla de entre 1.000 y 10.000 euros.
Incrementar las indemnizaciones implicaría un aumento de costes para las arcas públicas, principalmente las de las comunidades autónomas. En la reforma de 2021 se optó por priorizar la vía de la estabilización, lo que concedía plaza a los afectados y evitaba a las administraciones tener que pagar compensaciones millonarias. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, estabilizó a casi 50.000 interinos y solo tuvo que pagar indemnización a 384, abonándo en total 4,3 millones de euros.
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