La Audiencia de Cuentas de Canarias detectó 35 proyectos de inversión que, pese a contar con una dotación presupuestaria acumulada de 162,8 millones de euros y haber tenido crédito en alguno de los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2023, finalizaron el periodo fiscalizado con una ejecución de «cero euros». El informe de fiscalización sobre la ejecución presupuestaria del capítulo VI (Inversiones Reales) expone que la principal causa de esta situación es que la Comunidad Autónoma incorpora actuaciones a los presupuestos sin el grado de «madurez» suficiente para garantizar su ejecución. Al mismo tiempo, plantea una batería de recomendaciones para corregir unas deficiencias que afectan a la planificación, la contratación y el desarrollo de las inversiones públicas.
Parlamento de Canarias
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, presentó el pasado jueves las principales conclusiones del informe en el Parlamento de Canarias. La fiscalización analiza la ejecución de las inversiones reales durante el periodo 2019-2023, que coincide prácticamente con la legislatura del denominado pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias , Podemos y AHI), y pone el foco en la capacidad de la administración autonómica para transformar los créditos presupuestarios en obras, infraestructuras y equipamientos ejecutados.
Análisis en cuatro áreas
Para ello, la Audiencia realizó un análisis específico sobre cuatro de las áreas que concentran buena parte de la inversión pública autonómica: en concreto, Obras Públicas, Transportes y Vivienda; Educación, Universidades, Cultura y Deportes; Transición Ecológica; y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
1.225 millones sin ejecutar
Entre las principales conclusiones figura que el Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar 1.225 millones de euros del capítulo de inversiones reales durante los ejercicios analizados. Aunque el grado de ejecución mejoró del 36,72% en 2019 al 58,53% en 2023, la Audiencia considera que esos porcentajes siguen siendo reducidos si se comparan con otros capítulos del presupuesto y reflejan importantes dificultades para materializar las inversiones previstas.
35 proyectos a cero
Uno de los datos más relevantes del informe es, precisamente, la existencia de 35 proyectos que tuvieron crédito presupuestario en los ejercicios analizados y que concluyeron el periodo con cero euros de ejecución, por un importe conjunto de 162,8 millones de euros. La mayor parte corresponde a proyectos viarios.
La Audiencia sitúa el origen del problema en la fase de planificación. El informe destaca que se presupuestan proyectos de inversión «sin el grado de madurez» necesario para asegurar su ejecución en tiempo y forma. En numerosos casos, las actuaciones se incorporan a los presupuestos sin disponer todavía de estudios previos, disponibilidad de suelo, proyectos técnicos redactados, autorizaciones administrativas o declaraciones de impacto ambiental, circunstancias que impiden iniciar su contratación o ejecución.
Inversión europea
El órgano fiscalizador explica que esta situación está estrechamente relacionada con el peso de la financiación exterior en las inversiones públicas. Aproximadamente entre el 60% y el 70% del capítulo de inversiones se está financiando mediante fondos europeos, y otras aportaciones finalistas, lo que obliga a incorporar proyectos al presupuesto para cuadrar el estado de ingresos, aunque todavía no reúnan las condiciones necesarias para ejecutarse.
Escolarización de cero a tres años
Como un ejemplo, el informe cita el proyecto de escolarización de «0 a 3 años», financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos Next Generation. La Audiencia señala que, una vez constituida la unidad encargada de gestionarlo, se comprobó que ni siquiera existían estudios previos sobre la distribución territorial de la demanda de plazas por municipios, pese a que el proyecto ya figuraba presupuestado.
También cita a proyectos viarios en la ejecución ‘cero’ en esos años, como la TF-1, tramo Los Cristianos, con 24 millones de euros presupuestados; la Variante de Vallehermoso, con 19,4 millones; la LZ-1 Órzola-Guatiza, con 9,4 millones o la mejora del Puerto de Agaete, por 8,1 millones.
15 años para hacer una carretera
La fiscalización analiza asimismo cuánto tiempo transcurre desde que un proyecto aparece por primera vez en los presupuestos hasta que concluye su ejecución. Los resultados reflejan importantes retrasos en prácticamente todas las áreas analizadas. El informe destaca que los proyectos insuficientemente planificados pueden tardar hasta 72 meses únicamente en completar la fase de contratación.
En el caso de las infraestructuras viarias, hay obras por ejemplo que entre la formalización del contrato hasta su ejecución alcanzan los 177 meses, es decir, casi quince años. Además, todos los expedientes analizados incumplieron los plazos inicialmente previstos, con una desviación media de 83 meses respecto al calendario contractual.
Las construcciones escolares presentan un tiempo medio de ejecución de 65 meses, mientras que los proyectos y equipamientos de la Administración de Justicia alcanzan los 61 meses.
Proyectos inmaduros
Según la Audiencia, estos retrasos obedecen a una combinación de factores, como son proyectos insuficientemente definidos, falta de suelo disponible, complejidad administrativa, expropiaciones, modificaciones durante las obras, declaraciones de impacto ambiental, hallazgos arqueológicos y escasez de personal especializado para tramitar los expedientes.
La audiencia propone crear en cada departamento unidades administrativas encargadas de preparar previamente las inversiones para disponer de una cartera permanente de proyectos que sean realmente maduros; reorganizar y reforzar los servicios de contratación e incrementar los recursos para la tramitación de las evaluaciones ambientales.
==¡
Suscríbete para seguir leyendo
