El Consejo de Ministros prevé prorrogar este lunes el decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias por la guerra de Irán, con medidas tanto coyunturales como estructurales. La incertidumbre sobre las negociaciones de paz, la evolución del transporte de mercancías en el estrecho de Ormuz y la tardía corrección en los mercados son elementos que se han tenido en cuenta para apostar por extender la mayoría de las ayudas, junto a la presión de los socios parlamentarios. Desde el Ministerio de Transportes apuntan a que los transportistas pueden estar tranquilos, deslizando la prórroga de las ayudas de 20 céntimos por litro de carburante a los profesionales (transporte, agricultura, ganadería y pesca), mientras que desde Transición Ecológica ponen énfasis en mantener las ayudas a la electrificación y renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Las medidas que formen parte del decreto se extenderán durante tres meses más, hasta finales de septiembre. En Moncloa siempre tuvieron la intención de seguir la línea del decreto anterior, tanto en contenido como en recursos a movilizar. Con todo, se ha estado hasta el último momento cerrando detalles, tanto internamente en el Ejecutivo como en las conversaciones con los grupos parlamentarios. De ahí que haya habido discusiones con argumentos a favor y en contra de prolongar rebajas fiscales como la suspensión del impuesto del 7% al valor de la producción de la electricidad.
Desde el 1 de junio dejó de aplicarse la rebaja del 21% al 10% del IVA para electricidad y gas natural y también se retiró la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de la electricidad, que volvió a subir al 5,11% habitual frente al 0,5% de las últimas semanas de manera excepcional. Sobre lo que sí se ha mostrado más receptividad es respecto a mantener las rebajas fiscales a los combustibles y las ayudas directas a los fertilizantes, reclamadas por el sector de la agroalimentación.
El decreto aprobado hace ahora tres meses movilizó más de 5.000 millones de euros e incluyó un total de 80 medidas diseñadas para “proteger a hogares, empresas y sectores productivos” ante la subida de precios de la energía y los combustibles. Entre ellas, se da por descontado que se extienda la ampliación del bono social eléctrico y del término, así como las bonificaciones a la industria electrointensiva, una reclamación central del PNV.
El Gobierno viene de visibilizar su soledad en el Congreso ante los casos de corrupción que cercan al PSOE, tras unas explicaciones del jefe del Ejecutivo el pasado miércoles que tildaron de insuficientes. Junts, además, sumó sus votos en el último pleno a PP y Vox para exigir a Sánchez su dimisión e instarlo a presentar una cuestión de confianza. Un contexto ante el que no estaría asegurada la convalidación del decreto y que obliga al Gobierno a intentar calcar el contenido del vigente para evitar fugas en la votación.
Otra de las novedades que incorporará el Consejo de Ministros de este lunes -un día antes de lo habitual porque las medidas en vigor decaen en buena parte el 30 de junio- será la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno. Un paso imprescindible para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, al que seguirá la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit. Otro de los siguientes pasos tras la actualización del cuadro macro será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.
Estimaciones económicas para las cuentas públicas
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá tras la reunión del órgano colegiado para ofrecer las nuevas previsiones de crecimiento, empleo, inflación y demás magnitudes estadísticas. Al igual que las proyecciones elaboradas por organismos nacionales, europeos y globales, estarán inmensamente condicionadas por el conflicto en Oriente Medio, que ha frenado considerablemente el crecimiento mundial y enviado al alza la inflación.
Las estimaciones vigentes fueron elaboradas por Economía el pasado mes de noviembre, y contemplan un crecimiento el PIB del 2,2% para 2026. No obstante, en aquel momento no podía llegar a intuirse que meses después estallaría la guerra entre Washington y Teherán, desencadenando tensiones energéticas de una magnitud inédita desde la guerra de Ucrania.
Pese al ensombrecimiento general de las proyecciones, las últimas previsiones de crecimiento difundidas por un organismo español, en este caso el Banco de España (BdE), pronostican un crecimiento del 2,3% para la economía nacional, idéntico a las cifras ofrecidas hace tres meses. La institución dirigida por José Luis Escrivá reconoció en la presentación del informe anual de Proyecciones macroeconómicas, eso sí, que existían signos patentes de «desaceleración».
Con todo, España sigue siendo una de las economías con mayor dinamismo de Europa, a tenor de los datos ofrecidos por diversos organismos. Sin ir más lejos, el BdE informó de que la economía española avanzó en 2025 el doble que el conjunto de los Estados miembros de la UE, hasta el 2,8%, impulsada por la demanda privada.
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