El Partido Popular ha anunciado su proposición de Ley CUME, con la que impedirá que las ayudas a padres con hijos con cáncer u otras enfermedades graves se extingan automáticamente cuando el afectado cumple 26 años.
La formación de Alberto Núñez Feijóo busca blindar la continuidad de la prestación y del permiso por cuidado de estos hijos, que ahora desaparecen al cumplir los 26 años aunque persistan la gran discapacidad, la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos.
CUME es el acrónimo de Cuidado de Menores afectados por cáncer u otra Enfermedad grave, nombre de la prestación regulada en el Real Decreto 1148/2011 de la Seguridad Social.
Con esta iniciativa, el PP denuncia que la normativa actual condena a muchas familias a perder una ayuda imprescindible justo cuando su hijo alcanza ese límite de edad, pese a que la enfermedad y la necesidad de atención «no desaparecen por cumplir años».
El propio Feijóo lo ha resumido en un vídeo colgado en sus redes sociales : «Si me preguntáis cuál es mi proyecto, es éste, que las ayudas no se esfumen cuando el hijo afectado por una enfermedad grave cumple 26 años».
Hablemos de algo muy importante: 👇
Cuando un hijo con una enfermedad grave cumple 26 años, la enfermedad no desaparece. La discapacidad tampoco. Los cuidados siguen siendo los mismos. Lo único que desaparece es la ayuda que reciben sus familias por dejarlo casi todo para estar… pic.twitter.com/iwcqxAaGgq
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 26, 2026
La llamada Ley CUME se presenta como una nueva «ley Feijóo», en línea con otras propuestas sociales con las que el PP quiere construir una alternativa reconocible.
El mensaje de Génova es que no basta con marcarle el paso a Pedro Sánchez, ni con crecer sólo «por la decepción o el asqueo del votante del PSOE» ante la oleada de casos de corrupción, sino que hace falta seguir presentando «una agenda propia» que ilusione a quienes buscan soluciones concretas.
Un Gobierno «injusto»
En ese marco, Feijóo intenta mover el foco del escándalo a la política social «y robarle esa bandera a un PSOE dedicado a la supervivencia de Sánchez».
El PP sostiene que la gestión del Gobierno en la CUME ha sido errática, con un reciente intento de endurecer los criterios de acceso y mantenimiento de la prestación.
La posterior rectificación, tras la presión de las asociaciones de familias «sólo demuestra su falta de sensibilidad y que solo están pensando en su propia agenda judicial», según Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad del PP.
Y frente a ese vaivén, el líder popular reivindica que su partido «sí sirve para dar soluciones a quien tiene problemas», explica Fúnez en declaraciones a este diario. «Es profundamente injusto que una familia pierda esta protección simplemente porque su hijo cumple años», subraya, fijando el marco moral de la nueva ley.
La prestación
La prestación CUME es un subsidio que compensa la pérdida de ingresos de progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada laboral para cuidar de forma directa, continua y permanente a un menor con enfermedad grave.
Se reconoce cuando la reducción de jornada está entre el 50% y el 99,99% y, en la práctica, permite mantener el nivel de ingresos. Así, si un progenitor que cobra 2.000 euros al mes reduce un 50% la jornada, sigue recibiendo 1.000 euros de salario y otros 1.000 de CUME.
Desde su creación, esta ayuda ha alcanzado a decenas de miles de familias y ha movilizado centenares de millones en recursos públicos, según los datos agregados de las mutuas y la Seguridad Social.
Ese dinero sostiene hogares que, de otro modo, se verían obligados a elegir entre conservar el empleo o dejarlo para atender a sus hijos, especialmente en patologías de larga duración o evolución imprevisible.
La proposición del PP
La proposición de ley registrada por el Grupo Popular introduce varios cambios sobre la regulación vigente.
El principal es que la prestación y el permiso de CUME no se extingan automáticamente al cumplirse los 26 años si se mantiene la gran discapacidad, la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos. El PP quiere que el criterio decisivo sea la situación real del hijo, y no la fecha de cumpleaños que marca hoy los límites administrativos.
Además, la iniciativa «adapta la norma a la realidad asistencial actual», explica el PP reconociendo la hospitalización domiciliaria y la atención ambulatoria especializada, y no sólo los ingresos hospitalarios clásicos.
El texto incorpora medidas para facilitar la corresponsabilidad, permitiendo que ambos progenitores compartan la reducción de jornada en los casos de mayor gravedad, y prevé simplificar los trámites administrativos.
Otro objetivo es garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio nacional de la prestación.
Aunque las competencias sanitarias y de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas, el PP quiere fijar en esta ley unas bases estatales que eviten que el acceso a la CUME dependa del código postal o de la interpretación concreta que haga una mutua o una administración autonómica.
Fúnez completa el mensaje reclamando que «la legislación no puede seguir castigando a quienes dedican su vida al cuidado de sus hijos» y defendiendo que el dinero público se gaste «donde de verdad importa».
«El congelador de Armengol»
La Ley CUME se suma, además, a la batería de «leyes Feijóo» con la que el PP quiere presentar su alternativa social: desde ayudas para afectados por la talidomida o por la celiaquía, hasta la ley de Vivienda, la de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, medidas de apoyo a víctimas del terrorismo o normas de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las fuentes consultadas recuerdan que cerca de 60 iniciativas registradas en el Congreso o aprobadas en el Senado se han ido paralizando por el boicot del Gobierno, directo o indirecto, a través de la presidenta de la Mesa, Francina Armengol.
El partido denuncia que todas estas propuestas están «en el congelador de Armengol», y que podrían sumar mayorías suficientes si llegaran a debatirse.
Según la dirección popular, la paralización de esa agenda busca evitar que el PP pueda legislar por encima del Gobierno y demostrar que tiene «más políticas concretas para solucionar problemas que el propio Ejecutivo».
La nueva ley CUME busca ser el último ejemplo de ese choque: una norma con la que Feijóo pretende disputar el terreno social, y no sólo el de la decencia, en la pugna por el voto.
