Fin de la tregua. Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido plantar batalla judicial contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la norma aprobada hace solo unas semanas y que, hasta ahora, había sido presentada como el primer gran acuerdo de la legislatura entre el PSOE y el PP en materia residencial.
Por el momento, la Comunidad de Madrid, Extremadura y Cantabria ya han anunciado recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, aunque fuentes conocedoras del proceso apuntan a que al menos otras tres autonomías populares podrían sumarse a la ofensiva.
Desde el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, tachan el movimiento de “una nueva performance del PP de Génova” y defienden que la norma no invade competencias autonómicas. «El Plan Estatal de Vivienda cuenta con el aval del Consejo de Estado», sostienen fuentes oficiales del departamento.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es la herramienta que regula el reparto de los fondos estatales destinados a políticas de vivienda. El programa aspira a movilizar 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% será aportado por el Estado y el 40% restante por las comunidades autónomas.
La tramitación del texto no ha estado exenta de tensión. Las regiones gobernadas por el PP ya se desmarcaron del Ministerio durante la fase de redacción, aunque, tras varias reuniones, la Conferencia Sectorial de Vivienda —el órgano que reúne a los consejeros autonómicos del ramo y al equipo de Rodríguez— dio finalmente su visto bueno. La norma fue aprobada el pasado 11 de junio.
Madrid y Extremadura abren la vía judicial
Las primeras comunidades en mover ficha han sido Madrid y Extremadura. El Gobierno madrileño ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo al considerar que el plan «vulnera las competencias» autonómicas, «limita la capacidad de gestión» de la región e «invade ámbitos reservados por el ordenamiento jurídico» a estas administraciones.
Por su parte, Extremadura, presidida por María Guardiola, ha iniciado dos requerimientos previos a la interposición de sendos recursos: uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Se trata del paso previo antes de formalizar la impugnación. Fuentes conocedoras del proceso explican que hasta cinco comunidades lideradas por el PP, entre ellas Cantabria y al menos otras dos, trabajan ya en la presentación de objeciones al plan. El plazo para hacerlo termina este martes.
Choque político
El movimiento llega apenas unos días después de que Isabel Rodríguez reivindicara públicamente el pacto alcanzado con las comunidades autónomas. Lo hizo este lunes en un encuentro organizado por Prensa Ibérica dentro del ‘Observatorio Social de la Vivienda’, donde defendió el Plan Estatal como una herramienta clave para ampliar el parque asequible y coordinar la acción pública en materia residencial. Ese entendimiento, sin embargo, ha saltado por los aires.
Desde el PP, la portavoz de Vivienda en el Senado, Paloma Martín, denuncia que el programa ha sido elaborado «de espaldas a las comunidades» y que «obliga a destinar recursos a determinadas políticas fallidas». «Quieren obligar a las comunidades a multiplicar por seis su aportación cuando el Estado solo la dobla. Además, imponen que todas las viviendas construidas con fondos del plan tengan una protección permanente, cuando este asunto fue declarado inconstitucional”, explica Martín, en una conversación telefónica con El Periódico.
Desde el Ministerio de Vivienda enmarcan los recursos anunciados por las comunidades del PP como «una nueva performance del PP de Génova» y acusan a la dirección nacional de responder «a cualquier avance de nuestro país con ruido y confrontación». Fuentes del departamento recuerdan que Gobierno y comunidades autónomas «firmaron un acuerdo por unanimidad» para triplicar hasta los 7.000 millones de euros la inversión en políticas públicas de vivienda y para blindar la vivienda financiada con recursos públicos «para que nunca se pueda especular con ella». «Días después, Feijóo da la orden de recurrir», reprochan.
Las mismas fuentes defienden que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 «cuenta con el aval del Consejo de Estado» y niegan que invada competencias autonómicas. Según el Ministerio, el Estado se limita a “ejercer el rol de planificador que le otorga la ley de vivienda». En este sentido, acusan al PP de escudarse en la invasión competencial para no decir «claramente» cuál es su objetivo: «generar ruido, complicar las soluciones y, entretanto, seguir especulando con la vivienda pública». El departamento que dirige Rodríguez lanza además una pregunta a las autonomías que han recurrido el plan: si al impugnarlo están también renunciando «al primer desembolso previsto para el mes de julio».
El PP cuestiona los informes del plan
La ofensiva popular no se limita al plano competencial. Paloma Martín sostiene que el Gobierno ha ignorado los informes solicitados durante la tramitación de la norma. Según la senadora del PP, el Consejo de Estado advirtió de que el plan no examina suficientemente el impacto económico que podría tener en el mercado la protección permanente de la vivienda.
Martín también apunta al informe del Ministerio de Economía, que, según explica, pide reconsiderar los umbrales de renta de los beneficiarios al entender que abarcan a un volumen muy amplio de población. «Calculan que pueden ser receptores alrededor de tres millones de personas cuando los fondos apenas tienen un alcance real de 65.000. Además, señalan que algunas de las medidas pueden contribuir a que el precio de la vivienda y del alquiler siga subiendo», concluye la portavoz popular.
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