Tras meses de intensas negociaciones, el Consejo y el Parlamento Europeo han sellado este lunes una nueva directiva contra el abuso sexual infantil que establece, por primera vez en la historia de la UE, un plazo de prescripción armonizado que todos los Estados miembros deberán implementar obligatoriamente.
El avance legislativo, que tiene que ser ratificado antes de finales de año, establece que a partir de la transposición de la directiva todos los países deberán garantizar que los menores víctimas de violaciones puedan denunciar estos hechos, al menos, hasta cumplir los 50 años.
Para el resto de tipologías delictivas relacionadas con el abuso sexual infantil, la directiva fija que las víctimas podrán denunciar, como mínimo, hasta que cumplan los 38 años de edad. Y en los delitos más leves, hasta los 33 años. «Este acuerdo es una victoria de la ciencia, la experiencia de las víctimas y los estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo que el trauma del abuso sexual infantil requiere tiempos de procesamiento que los antiguos plazos de prescripción ignoraban sistemáticamente», subraya Miguel Hurtado, activista y primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat.
Los plazos nacionales
España cumple con el nuevo estándar europeo, aunque por la mínima. Los plazos nacionales finalizan cuando la víctima cumple 40 años para los delitos leves y terminan a los 55 años en las agresiones más graves. Pero como investigaciones que demuestran que la edad media de denuncia es de 52 años y ya hay 14 estados europeos que han declarado los delitos sexuales graves sobre menores directamente imprescriptibles, para no dejar ningún resquicio de impunidad, el Parlament catalán impulsó una ley, conocida como de Derecho al Tiempo, que propone que tampoco exista ningún plazo de prescripción en España.
La norma está en tramitación en el Congreso, dado que hay que modificar el Código Penal, pero las víctimas han denunciado que, año y medio después de su admisión a trámite, ha quedado de nuevo paralizada para no «incomodar» a la Iglesia ante la visita de León XIV a España.
Por eso, tras la decisión europea de establecer un suelo de protección, Hurtado urge al Gobierno y a los partidos políticos «a elevar el nivel de ambición» con el desbloqueo y la aprobación de la ley de Derecho al Tiempo. De hecho, las enmiendas presentadas por los partidos demuestran que un 88% de la cámara está a favor de ampliar, al menos, 10 años los plazos de prescripción.
La parálisis «política»
Ante ello, Hurtado opina que una vez que Europa «ha demostrado que el consenso» en torno a la prescripción «es posible y necesario», «España no solo debe cumplir con los mínimos europeos, tiene la responsabilidad de liderar el camino hacia la imprescriptibilidad total, garantizando que la justicia deje de tener fecha de caducidad».
«La parálisis en España no es técnica, sino política. Europa ha demostrado que 27 estados, con sistemas jurídicos diferentes y el parlamento europeo más fragmentado y polarizado de la historia, es capaz de llegar a un acuerdo cuando existe la voluntad de poner la protección de los niños en el centro del debate. La sociedad civil, las víctimas y una abrumadora mayoría de grupos parlamentarios exigimos al Ministerio de Justicia que deje de pisar el freno y se alinee con los estándares de protección que Europa y la ONU ya han fijado como esenciales para la dignidad humana», subraya.
La nueva directiva, además de ampliar la prescripción, actualiza y crea nuevos delitos con el fin de tipificar todas las formas de abuso sexual infantil, incluido el cometido usando las nuevas tecnologías, establece penas más severas y normas más claras sobre el consentimiento.
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