Los sindicatos representativos de la Administración de Justicia en Galicia —SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF y CCOO— alertan de que la implantación de los tribunales de instancia en la comunidad está generando un escenario de «caos interno», sobrecarga de trabajo y riesgo de colapso en los órganos judiciales gallegos. Las organizaciones comparecieron este miércoles para denunciar que el nuevo modelo organizativo se está aplicando sin la planificación ni los recursos necesarios.
Los representantes sindicales sostienen que los problemas detectados no son puntuales ni afectan únicamente a determinados órganos, sino que tienen un carácter «estructural» y se están reproduciendo en buena parte de los partidos judiciales de Galicia. Aunque admiten que la reforma impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia persigue objetivos de modernización, critican que su puesta en marcha en la comunidad se está llevando a cabo de forma precipitada.
Según explicaron, la reorganización del personal se está realizando sin criterios claros y con una movilidad de trabajadores que, a su juicio, carece de planificación previa. A esta situación se suma una falta de coordinación interna que está dificultando el funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales y que amenaza con agravar los retrasos ya existentes.
Falta personal
Los sindicatos denuncian también una dotación insuficiente de personal en áreas especialmente sensibles como civil, penal y ejecución. Además, advierten de demoras en la cobertura de vacantes, dificultades para articular sustituciones y eliminación de refuerzos que, hasta ahora, permitían absorber parte de la carga de trabajo en los juzgados.
Como consecuencia, SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF y CCOO alertan de un deterioro progresivo del servicio público de Justicia en Galicia. Entre los efectos que consideran más preocupantes figuran el incremento de los retrasos en la tramitación de procedimientos y ejecuciones, la acumulación de asuntos pendientes, el aumento de la presión sobre las plantillas y la pérdida de calidad en la atención a la ciudadanía.
Durante la comparecencia, las organizaciones sindicales insistieron en que su crítica no se dirige únicamente contra la reforma judicial, sino contra la forma en que se está ejecutando en Galicia. Por ello, reclaman a la Dirección Xeral de Xustiza una actuación inmediata para corregir las deficiencias detectadas, reforzar las plantillas, cubrir las vacantes existentes y garantizar una implantación planificada y consensuada del nuevo modelo organizativo.
Sin planificación
Los sindicatos aseguran que este diagnóstico es fruto de una amplia labor de escucha realizada durante las últimas semanas mediante asambleas en distintos partidos judiciales gallegos. En esos encuentros, afirman, los trabajadores trasladaron un mensaje prácticamente unánime: la implantación de los Tribunales de Instancia se está haciendo sin los medios suficientes ni la planificación necesaria.
Las organizaciones sindicales anuncian que seguirán trasladando esta problemática a las administraciones competentes y no descartan nuevas acciones de denuncia y movilización si no se adoptan medidas urgentes. Su objetivo, subrayan, es evitar un mayor deterioro tanto del servicio que recibe la ciudadanía como de las condiciones laborales del personal de Justicia en Galicia.
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