La defensa de la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Gobierno está condicionada a las explicaciones que ofrezca ante el juez este miércoles y jueves. Aunque en el Gobierno son “optimistas” respecto a que el expresidente pueda responder contra todos los indicios por los que se le ha imputado en el caso Plus Ultra, temen que se decreten medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. Un punto de inflexión que dificultaría mantener su apoyo, si bien en Moncloa entienden que no se justificaría el argumento de riesgo de fuga en un expresidente del Gobierno.
Cualquier tipo de medida cautelar supondría un varapalo añadido a la extendida incredulidad entre los socialistas por las joyas incautadas en la caja fuerte de su despacho proporcionado por el partido, cuyo valor se ha tasado en 1,3 millones de euros. Tanto es así que en el Ejecutivo evitan entrar a valorar esta parte de la investigación, tanto en público como en privado, por la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una pieza separa. El abogado de Zapatero solicitó, sin éxito, aplazar la declaración sobre esta pieza. “Para valorarlo necesitamos que declare”, sostienen fuentes del Gobierno, para calificar como “claves” las explicaciones que pueda aportar.
La pauta tras la citación de Zapatero la marcará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparecerá ante los medios al día siguiente, en el marco del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas este jueves y viernes. El próximo miércoles será Sánchez el encargado de dar explicaciones sobre los casos de corrupción ante el Congreso.
Lo que sí defienden ya en el Gobierno es que a día de hoy, tras el endurecimiento del Código Penal o la promulgación de leyes como la de transparencia y buen gobierno, ningún miembro del Ejecutivo podría recibir o apropiarse de dádivas relevantes que vayan más allá de la cortesía. Una forma de deslizar un cierto reproche moral que ningún socialista de peso se atreve a verbalizar a la espera de las explicaciones del expresidente.
El mensaje férreo de confianza en la inocencia de Zapatero sí ha ido bajando de intensidad. A medida que se ha ido conociendo tanto el sumario como los distintos informes policiales y, sobre todo, las fotos de las joyas guardadas en su oficina. De ahí el deseo manifiesto de que declare ante el juez con la esperanza de que pueda ofrecer explicaciones convincentes. Algo que en las filas socialistas se necesita ya no solo de cara al procedimiento judicial, sino de cara a los militantes y simpatizantes ante el ‘shock’ por la imputación de quien se había convertido en referente moral del partido y buena parte de la izquierda. De ahí que se intente contrarrestar este estado de ánimo incidiendo en el legado en materia de derechos sociales que dejó su gobierno.
Al cerco judicial, con otras causas como la presunta trama del caso Leire Díez, se sigue sumando la creciente presión política. Este mismo martes, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, desestimó las enmiendas de PP y Junts para instar a Pedro Sánchez a convocar elecciones. La intención de populares y posconvergentes era que se realizase la votación después de la declaración de Zapatero ante el juez.
Hoja de ruta inamovible
El Ejecutivo gana así tiempo con la vista puesta en el parón estival, apostando por una pausa con la que se destense la situación. Antes de ello se quiere avanzar en carpetas como la financiación autonómica y los Presupuestos, una “carta de presentación” sobre la agenda del Gobierno con la que Pedro Sánchez concurriría a la reelección.
La hoja de ruta centrada en agotar la legislatura se sigue ratificando pese a los movimientos de populares y posconvergentes. Se les reta incluso a presentar una moción de censura, aun convencidos de que los de Carles Puigdemont no darán este paso al tener que ir de la mano de Vox. Asimismo diferencian entre el poder legislativo y ejecutivo para justificar la prerrogativa única del presidente del Gobierno para convocar elecciones. Todo ello, sin dejar de poner el foco en que la vuelta a Catalunya de Carles Puigdemont, a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la posterior validación por parte del Tribunal Constitucional (TC), pueda suponer un cambio en las posiciones de los posconvergentes.
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