El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca ha acordado el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el concejal de Vox en Ansó, Joaquín Mendiara Barcos, contra la alcaldesa del municipio, Blanca Alfonso de la Riva, y la secretaria-interventora municipal, Ana Belén Larrosa Escartín, por la adjudicación de un contrato de carpintería en el inmueble conocido como Casa Terrén.
Según ha informado el Ayuntamiento de Ansó en una nota de prensa difundida este lunes, la magistrada considera que las investigaciones realizadas no han permitido apreciar indicios de ilícito penal en los hechos denunciados. La resolución judicial, siempre según la versión trasladada por el consistorio, asume los argumentos del Ministerio Fiscal y concluye que las diligencias practicadas «no evidencian la existencia de indicios de ilicitud penal en los hechos investigados».
La causa se originó tras una denuncia relacionada con la adjudicación de un contrato municipal de carpintería. El Ayuntamiento sostiene que el expediente fue tramitado correctamente y recuerda que contó con un informe previo del Servicio de Asistencia Jurídica de la Diputación Provincial de Huesca que concluía que «no existía incompatibilidad en la adjudicación».
El Ayuntamiento acusa a Vox de utilizar la vía penal con fines políticos
Tras conocerse el archivo, el equipo de gobierno municipal ha cargado duramente contra el concejal denunciante y contra el entonces presidente provincial de Vox, Fermín Civiac, a quienes atribuye una estrategia de desgaste político.
El consistorio sostiene que la denuncia fue presentada en fechas próximas al Día de la Exaltación del Traje Ansotano, una de las principales celebraciones del municipio y declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. En su comunicado, el Ayuntamiento afirma que la elección del momento buscaba «degradar la reputación de la gestión municipal» y amplificar el impacto mediático de las acusaciones.
Asimismo, reprocha a Mendiara que no haya informado públicamente del archivo judicial con la misma intensidad con la que, según el gobierno local, se difundió la denuncia inicial.
La alcaldesa denuncia el impacto reputacional
Más allá del contenido jurídico del auto, la alcaldesa ha puesto el foco en las consecuencias personales y reputacionales derivadas del procedimiento. «No todo vale en política. No se debe convertir una discrepancia administrativa o política en una acusación penal sin base suficiente«, señala Alfonso de la Riva en la nota difundida por el Ayuntamiento.
La regidora añade que «la mentira se difunde en un minuto, pero la restauración de la dignidad tarda años debido a la huella digital», en referencia a la permanencia en internet de las informaciones relativas a la denuncia, incluso después de que la causa haya sido archivada.
El consistorio sostiene además que la denuncia afectó no solo a la alcaldesa y a la secretaria municipal, sino también a familiares de la primera edil que fueron incluidos en las actuaciones denunciadas.
Petición de responsabilidades políticas
El equipo de gobierno considera que el archivo judicial supone una validación de la actuación municipal y reclama ahora explicaciones al concejal de Vox. En concreto, exige que haga público el archivo de la causa y asuma responsabilidades políticas por la denuncia presentada.
Por el momento, Vox no ha hecho pública una valoración sobre la decisión judicial ni sobre las acusaciones vertidas por el Ayuntamiento tras conocerse el auto.
La resolución pone fin, en la vía penal, a un procedimiento que se ha prolongado durante cerca de dos años y que ha marcado buena parte de la vida política reciente de este pequeño municipio del Pirineo aragonés.
