La entidad conservacionista Oceana ha reclamado al Gobierno español planes de gestión urgentes para todas las áreas marinas incluidas en el proyecto Life Intermares, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –MITECO– haya presentado este viernes en València los resultados de esta iniciativa. La organización ha denunciado que existen 91.485 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas sin estos planes, lo que supone una superficie superior a la de Andalucía. A su juicio, ello impide garantizar una protección efectiva de especies y hábitats vulnerables.
Planes aún pendientes
Según ha señalado la ONG, el MITECO ha confirmado durante el acto que aún no se ha aprobado ninguno de los diez planes de gestión previstos para espacios marinos de la Red Natura 2000 y para el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. Oceana ha advertido de que, en varios casos, estos planes acumulan retrasos desde 2014, sobrepasando el plazo legal de seis años.
La organización ha denunciado que esta demora deja sin protección efectiva a especies y hábitats vulnerables en áreas que ya forman parte de la red de espacios protegidos. Para Oceana, declarar una zona marina protegida no basta si no se acompaña de medidas concretas de gestión, seguimiento y regulación de las actividades que pueden afectar a sus valores ecológicos.
Pesquero faenando con redes de arrastre / ep
La situación resulta, a juicio de la ONG, especialmente grave después de que el Ejecutivo anunciara su compromiso de reforzar la gestión efectiva de las áreas marinas protegidas y de aprobar 40 nuevos planes de gestión para el próximo mes de julio. Ese anuncio se realizó en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Niza, en Francia, el año pasado.
De esos planes, diez corresponden a las áreas de mayor tamaño y se están desarrollando dentro de Intermares, uno de los mayores proyectos Life de la Unión Europea. La iniciativa cuenta con 50 millones de euros en fondos públicos para proteger especies y fondos de gran valor ecológico, según ha resaltado Oceana.
Retrasos desde 2014
El asesor sénior de Oceana, Michael Sealey, ha tachado de “inaceptable” la falta de aprobación de estos planes de gestión. Ha recalcado que las áreas de la Red Natura 2000 no pueden cumplir sus objetivos de conservación y restauración, ni incrementar la resiliencia frente al cambio climático, sin una gestión adecuada.
Sealey ha advertido de que esta ausencia de medidas también pone en riesgo a los sectores que dependen directamente del mar. En particular, ha señalado a la pesca, una actividad que necesita ecosistemas marinos sanos y normas claras para mantener su viabilidad a largo plazo.
Banco de peces en el mar / Roger Grace
Para Oceana, los planes de gestión de las áreas marinas constituyen una pieza esencial para ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad a todos los sectores que desarrollan actividades en el medio marino. La organización sostiene que estos instrumentos permiten ordenar usos, establecer límites y garantizar que las actividades económicas sean compatibles con los objetivos de conservación.
La ONG ha insistido en que la falta de planes impide avanzar hacia una protección efectiva. En su opinión, una zona incluida en la Red Natura 2000 o en otro marco de protección puede seguir siendo vulnerable si carece de normas específicas que regulen las actividades que se desarrollan en ella.
Oceana ha vinculado esta falta de gestión con la necesidad de reforzar la resiliencia de los ecosistemas marinos frente al cambio climático. La organización ha señalado que las áreas protegidas deben contribuir a conservar y restaurar hábitats, pero también a mejorar la capacidad del medio marino para resistir presiones ambientales crecientes.
Pesca y protección marina
La ONG también ha criticado el papel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación –MAPA– en el proceso. Según Oceana, este departamento solo ha aportado información sobre la actividad pesquera en algunas de las áreas incluidas en Intermares, pese a que se trata de un dato crucial y requerido por el proyecto para diseñar una gestión pesquera adecuada.
La organización ha señalado que conocer la actividad pesquera en estas zonas resulta imprescindible para establecer medidas proporcionadas y eficaces. Sin esa información, ha advertido, resulta más difícil definir restricciones, ordenar usos y proteger los hábitats más sensibles frente a actividades que puedan deteriorarlos.
Oceana ha reclamado además que el MAPA apruebe restricciones para las artes de pesca que dañen los hábitats protegidos en estas áreas. La ONG ha puesto el foco especialmente en la necesidad de una gestión pesquera adecuada en los espacios marinos protegidos, con medidas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación.
Arrastre de fondo en áreas protegidas
A juicio de la organización, permitir el arrastre de fondo en áreas marinas protegidas dificulta que España pueda cumplir sus compromisos internacionales y europeos en materia de conservación marina. Oceana ha advertido de que, sin una gestión pesquera adecuada, será imposible alcanzar el objetivo de proteger el 30% de las aguas españolas en 2030.
Fondo marino arrasado tras el paso de redes de arrastre / Oceana
Dentro de ese objetivo, la ONG ha recordado que un 10% de las aguas debería quedar bajo protección estricta. Para Oceana, estos compromisos no pueden cumplirse únicamente mediante declaraciones formales de protección, sino que requieren planes aprobados, medidas aplicables y restricciones efectivas cuando existan actividades incompatibles con la conservación de hábitats y especies.
La denuncia de Oceana llega tras la presentación de resultados del proyecto Life Intermares por parte del MITECO en València. La organización considera que el avance de este tipo de iniciativas debe traducirse en decisiones concretas, especialmente cuando están vinculadas a espacios de alto valor ecológico y financiadas con fondos públicos.
La ONG ha insistido en que la protección marina efectiva depende de contar con planes de gestión aprobados y con herramientas que regulen las actividades en cada espacio. Sin esos instrumentos, ha advertido, miles de kilómetros cuadrados de áreas protegidas continúan sin las medidas necesarias para cumplir los objetivos para los que fueron designadas.
En este contexto, Oceana ha reclamado al Gobierno que acelere la aprobación de los planes pendientes y que garantice una gestión real de las áreas marinas protegidas incluidas en Life Intermares. La organización sostiene que la demora acumulada compromete la conservación de especies y hábitats vulnerables, reduce la resiliencia frente al cambio climático y genera incertidumbre para sectores como la pesca.
