Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se sentará por quinta vez este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, que le imputa cuatro graves delitos de corrupción: tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y corrupción entre particulares, relacionados con una cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y con el presunto uso privado de su asistente en Moncloa.
La vista preliminar, fijada para las 18.00 horas por el titular de la plaza de instrucción número 41 de Madrid, no pretende recabar de nuevo su declaración sobre estas supuestas conductas delictivas, pues esta fase del procedimiento penal ya quedó atrás, sino que el objetivo es comunicar formalmente a Gómez su intención de llevarla ante un tribunal del jurado popular, junto a su asistente personal en Moncloa, Cristina Álvarez, y un empresario al que habría presuntamente favorecido mediante unas cartas de recomendación, Juan Carlos Barrabés.
A diferencia de otras convocatorias anteriores, a las que únicamente acudieron sus abogados defensores, en esta ocasión los tres investigados están compelidos a comparecer personalmente en el trámite judicial, que se regula en el artículo 30 de la ley del jurado. En su auto de citación, el titular de la plaza de instrucción número 41 de Madrid ya advertía de qué ocurriría si eluden dicha obligación, podrían ser «conducidos por la fuerza pública» hasta la sede judicial.
Desde la defensa de Gómez se ha tratado de retrasar este momento alegando que faltan aún por practicarse determinadas pruebas y por resolverse recursos que podrían llevar al archivo de la causa, en la que la Fiscalía no acusa y cuyo inicio dio lugar a un episodio inédito en la política española: la carta a la ciudadanía y el parón reflexivo durante cinco días de abril de 2024 que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer la apertura de diligencias contra su esposa.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / David Zorrakino – Europa Press
«Velocidad de crucero»
A juicio de la defensa, que ejerce el que fuera ministro del Interior, Antonio Camacho, el juez Peinado acelera los trámites cuando aún hay recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid cuya admisión podría suponer incluso el archivo de la causa.
Por ello, en uno de sus últimos escritos acusa a este magistrado de haber dotado a la causa de «una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado democrático, como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento. Esta prisa podría estar relacionada con su jubilación, pues Peinado cumple 72 años el próximo 27 de septiembre y la ley le obliga a retirarse.
Medidas cautelares
Pero la vista de este lunes esconde otra carga de profundidad, pues en el auto de citación Peinado ya advertía de que, tras la celebración de la vista preliminar, se podría adoptar «alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo» de que tanto Gómez como el resto de procesados «traten de eludir la acción de la justicia». Es decir, si las acusaciones solicitan la retirada del pasaporte o incluso el ingreso en prisión de la mujer de Sánchez mientras se espera que llegue el juicio, el juez lo valorará y adoptará una decisión al respecto.
En todo caso, no parece que una medida tan gravosa como la prisión llegue a ponerse sobre la mesa este lunes, ya que las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de HazteOír, no la mencionan en su escrito de acusación, presentado a finales del pasado mes de mayo. Sí hablan de solicitar para los tres procesados que se les prohíba salir de España sin previa autorización judicial, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada quince 15 días en el juzgado.
El secretario general y letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán / EUROPA PRESS
Además de los tres procesados y sus defensas, el fiscal y el abogado de las acusaciones populares, el juez ha llamado para el trámite de este lunes a la representación procesal de la Universidad Complutense de Madrid, como acusación particular, por la supuesta apropiación indebida de algo más de 113.000 euros que le costó desarrollar el ‘software’ utilizado en la cátedra de Transformación Social Competitiva de la que Gómez fue responsable.
En sus últimas resoluciones, el juez ha puesto incluso negro sobre blanco las penas previstas para los cuatro delitos que atribuye a la mujer de Sánchez, que son el de tráfico de influencias (que prevé penas de prisión de seis meses a dos años) multa y prohibición de acceso a ayudas o contratos púbicos; corrupción en los negocios (de seis meses a cuatro años); malversación de caudales públicos (de seis meses a tres años) y apropiación indebida (de uno a seis años de cárcel).
Los dos primeros tienen que ver con las cartas de recomendación que mandó como codirectora del curso académico en relación con unos contratos que fueron adjudicados a una UTE en la que participaban empresas de Barrabés por parte del organismo público Red.es, así como con la obtención de la propia cátedra. El resto de delitos se refieren al uso del software creado ‘ad hoc’ por la Complutense y a las presuntas gestiones realizadas por la asistente en Moncloa en relación con todos estos asuntos.
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