Dos años después de su aprobación, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea entra en vigor este viernes 12 de junio. Desde ahora, los 27 Estados miembros deberán aplicar normas comunes sobre controles fronterizos, procedimientos de asilo, acogida y reparto de responsabilidades, aunque la Comisión calcula que la mitad de los países no están listos para su implementación.
La reforma llega para corregir un sistema fragmentado, puesto a prueba por la crisis de los refugiados de 2015. Según la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el pacto pretende establecer «fronteras exteriores más seguras, solidaridad entre los Estados miembros y procedimientos de asilo y retorno más eficientes». Es decir, una respuesta común y, fundamentalmente, más restrictiva.
Retornos acelerados
El pacto armoniza las condiciones de acceso a la protección internacional e integra la Convención de Ginebra en las normas europeas. También fija reglas compartidas para registrar, examinar y resolver solicitudes. Además, plantea multiplicar por dos las prohibiciones de entrada y permitir que, en algunos casos, recurrir no frene automáticamente la expulsión.
Las nuevas reglas hacen más difícil quedarse en Europa, refuerzan la gestión en las fronteras exteriores y acortan los plazos de los expedientes con menos opciones de prosperar. Cuando una persona llegue de forma irregular, tras un rescate en el mar o al ser interceptada en una frontera, su solicitud se examinará ahora de forma más rápida.
La legislación permite acelerar el análisis cuando el país de origen tenga una tasa de reconocimiento de protección internacional inferior al 20%. También habrá trámites rápidos para quienes procedan de países que la UE considere seguros.
Qué son los «países seguros»
La lista común de países de origen seguros incluye Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de los países candidatos a entrar en la UE, excepto Ucrania. Esa calificación permite tramitar las solicitudes en un máximo de tres meses y, en algunos casos, examinarlas directamente en frontera.
Para definir a un país como «seguro», la UE asegura fijarse en que tenga instituciones democráticas, respeto de los derechos humanos y garantías frente a devoluciones peligrosas. Aun así, el efecto práctico es acelerar solicitudes que se consideran «probablemente» infundadas.
«Solidaridad» pero sin cuotas
El pacto crea un «mecanismo de solidaridad» para dar apoyo a los Estados que soportan más presión migratoria, como España, Grecia o Italia. Esos países podrán pedir apoyo cuando afronten un número desproporcionado de llegadas. El resto deberá contribuir, aunque no necesariamente acogiendo personas.
Los gobiernos podrán elegir entre reubicar solicitantes de asilo, enviar expertos o aportar ayuda económica. En la práctica, un país podrá pagar o prestar apoyo técnico en lugar de recibir migrantes. El objetivo de reubicación para 2026 era de 21.000 personas, pero los compromisos de acogida quedan por debajo de la mitad. Hungría y Eslovaquia no han ofrecido plazas.
Archivo – Varias personas hacen cola para conseguir documentación de la regularización en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). / Gabriel Luengas/ Europa Press
Retornos y centros fuera de la UE
El pacto forma parte de una reforma más amplia. En paralelo, la UE avanza en una regulación de retornos, una de las iniciativas migratorias más duras de los últimos años. Actualmente, solo el 28% de los migrantes que reciben una orden de salida abandonan el territorio comunitario. La nueva norma busca aumentar esa cifra mediante expulsiones más rápidas y una mayor coordinación entre Estados.
La regulación permitirá crear centros de retorno fuera de la UE para personas con una orden definitiva de expulsión. También contempla detenciones de hasta dos años y medio cuando haya riesgo de fuga, falta de cooperación o un supuesto riesgo para la seguridad. Además, prevé duplicar las prohibiciones de entrada y eliminar el efecto suspensivo automático de algunos recursos.
Más de 250 organizaciones civiles han denunciado que estas medidas legitiman las «prisiones extraterritoriales» y la detención de menores. El texto abre la puerta a detener a menores no acompañados y familias «como último recurso» y durante «el periodo más breve posible». Para sus críticos, la UE consolida un modelo que externaliza cada vez más la gestión migratoria.
Retornos forzosos
El endurecimiento de la política migratoria europea ya podría estar provocando un cambio en los flujos migratorios. En 2025, 14,7 millones de personas desplazadas regresaron a sus hogares o países de origen, la segunda cifra más alta desde que existen registros, hace seis décadas, según el informe anual Tendencias Globales de ACNUR publicado este jueves. Entre ellas había casi 4,4 millones de refugiados y 10,3 millones de desplazados internos, con aumentos especialmente significativos en Afganistán, Sudán y Siria.
ACNUR advierte, sin embargo, de que muchos de esos retornos se produjeron bajo presión y en contextos extremadamente frágiles. Esa advertencia introduce un matiz clave en el debate europeo: retornar no siempre significa volver en condiciones seguras, voluntarias y sostenibles.
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