El juicio por la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha afrontado este lunes una de sus jornadas más relevantes con el inicio de los alegatos finales de las defensas. Tras las intervenciones matinales de las acusaciones populares y del Ministerio Fiscal, seis de los ocho letrados de los once acusados han expuesto ante la Audiencia Provincial sus conclusiones definitivas, coincidiendo todos ellos en una misma petición: la absolución de sus representados.
La sesión, que se ha prolongado hasta las 21.30, ha dejado un denominador común entre las defensas: la ausencia de pruebas directas que acrediten una supuesta trama para favorecer a David Sánchez y la crítica a lo que varios abogados calificaron como una construcción basada en conjeturas, interpretaciones y sospechas. Mientras que Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, ha dicho que no existen pruebas de cargo y que el proceso de contratación fue totalmente legal, el de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, ha señalado directamente a la Unidad Central Operativa y a su teniente coronel y ha negado cualquier implicación de su defendido en la contratación de Sánchez.
Dos de los alegatos previstos han quedado pendientes para este martes. Los abogados de Ricardo Cabezas y Luis María Carrero serán los encargados de cerrar el turno de defensas antes de que los acusados hagan uso de su derecho a la última palabra.
Mendoza niega una conspiración para contratar a David Sánchez
Uno de los alegatos más extensos fue el protagonizado por Francisco Mendoza, defensor de la exdiputada de Cultura Cristina Núñez y del funcionario Félix González Márquez.
Respecto a Núñez, el abogado ha centrado buena parte de su intervención en desmontar lo que definió como una acusación construida sobre una supuesta reunión entre Miguel Ángel Gallardo, Elisa Moriano y la entonces diputada de Cultura. Según sostiene, esa reunión nunca existió y constituye el pilar fundamental sobre el que descansan las acusaciones.
«Todo se basa en una reunión ficticia», ha afirmado Mendoza, quien añadía que «ninguna evidencia de la UCO indica que mi clienta participó en ese ‘complot’ para contratar a David Sánchez».
El letrado ha defendido que la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios respondió a una necesidad organizativa planteada por los propios responsables culturales de la institución provincial y recuerda que la aprobación definitiva fue respaldada por los órganos competentes de la Diputación.
Francisco Mendoza, abogado de Cristina Núñez y Félix González. / La Crónica
También ha insistido en que no existe ni un solo correo electrónico ni documento que vincule a su defendida con una supuesta contratación diseñada a medida. «Ni de las declaraciones ni de las actuaciones de la UCO hay leve indicio sobre la implicación de Cristina Núñez», ha asegurado.
En relación con Félix González, Mendoza ha rechazado igualmente las acusaciones derivadas de su participación en la comisión asesora que evaluó las candidaturas. Según ha explicado, la polémica sobre la existencia de dos actas responde a una confusión documental, ya que únicamente existe un acta oficial incorporada al expediente.
Además, ha recordado que ninguno de los participantes en el proceso selectivo presentó reclamaciones o recursos contra el nombramiento y destacó que varios testigos confirmaron durante el juicio que no impugnaron la resolución.
El abogado ha concluido solicitando la absolución de ambos acusados y reclamando una condena en costas contra las acusaciones populares por lo que consideró una utilización instrumental de la Justicia.
Martín Onzina habla de un «relato novelesco»
A continuación intervino José Ignacio Martín Onzina, defensor de Elisa Moriano, quien ha cargado con dureza contra los escritos de acusación. «No deja de ser un relato novelesco», afirmaba al comienzo de su exposición, en la que sostuvo que las acusaciones no han concretado hechos delictivos atribuibles a su clienta.
Onzina ha recordado que Moriano era directora del Área de Cultura y que su participación se limitó a tramitar administrativamente una decisión previamente adoptada por los órganos políticos competentes. «Lo que se pide es que tramite, no que se cree», ha señalado al referirse a la memoria descriptiva del puesto.
El abogado de Elisa Moriano, José Ignacio Martín. / La Crónica
El abogado también ha rechazado de plano que su defendida fuera la creadora de la plaza o que participara en la supuesta reunión mencionada por las acusaciones. «No ha existido nunca», ha afirmado sobre ese encuentro.
Respecto a los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha sostenido que ambas figuras resultan incompatibles en la forma en que han sido planteadas por las acusaciones y ha subrayado que ni siquiera se identifica quién habría ejercido la influencia ni sobre quién se habría ejercido.
En la recta final de su alegato ha pedido la absolución y ha reclamado que las acusaciones asuman los gastos procesales y el perjuicio reputacional sufrido por su clienta, recordando el impacto mediático que ha tenido el procedimiento durante los últimos meses.
Del Pino se apoya en un correo «fundamental»
El abogado Pedro del Pino ha centrado la defensa de Juana Cintas Calderón en un correo electrónico que ha calificado como «fundamental para mi defensa» y «revelador». Se trata de un mensaje enviado desde el negociado de Relación de Puestos de Trabajo a Emilia Parejo con el asunto «ficha de transformación del puesto» y en el que se indicaba: «Tal y como nos has solicitado se adjunta ficha del puesto».
El abogado de Juana Cintas Calderón, Pedro del Pino. / La Crónica
Según Del Pino, ese documento demuestra que fue la propia Parejo quien impulsó el inicio de los trabajos técnicos para la modificación del puesto antes incluso de que interviniera Juana Cintas.
El abogado ha defendido que su representada actuó exclusivamente dentro de sus funciones técnicas y que los borradores elaborados por ella mantenían las funciones originales del coordinador de actividades de los conservatorios, lo que, a su juicio, desmonta la tesis de una transformación diseñada para beneficiar a David Sánchez.
Asimismo, ha recordado que la modificación posterior del puesto fue aprobada por unanimidad en el pleno de la diputación, incluido el Grupo Popular. «No hay base fáctica para sostener las acusaciones contra mi defendida», ha concluido.
Rafael Arenas defiende la legalidad de la Oficina de Artes Escénicas
La última intervención de la jornada ha correspondido a Rafael Arenas Marmejo, encargado de la defensa del exdiputado de Cultura, Francisco Martos, de la exdirectora de Cultura, Emilia Parejo y del director del Área de Cultura, Manuel Candalija.
El abogado de Manuel Candalija, Francisco Martos y Emilia Parejo, Rafael Arenas. / La Crónica
El letrado ha cuestionado que varios de los responsables políticos y técnicos que participaron en la aprobación de los cambios organizativos no hayan sido incluidos en la causa y ha defendido la legalidad de todo el procedimiento administrativo.
Arenas ha señalado que la modificación que convirtió la antigua coordinación de actividades de los conservatorios en la Oficina de Artes Escénicas se realizó dentro de las competencias de autoorganización de la diputación y conforme al Estatuto Básico del Empleado Público.
«La creación del puesto estaba totalmente justificada», ha afirmado, recordando la necesidad de coordinar la actividad cultural de numerosos centros dependientes de la institución provincial.
También ha justificado el desempeño profesional de David Sánchez durante su etapa en la diputación y ha rechazado que la necesidad de colaboración de otros trabajadores en determinados proyectos pueda interpretarse como una prueba de inactividad.
Con las últimas intervenciones previstas para este martes y el turno final de palabra de los acusados, el juicio entra ya en su fase definitiva. Será entonces cuando el tribunal presidido por José Antonio Patrocinio Polo deje visto para sentencia uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión política y mediática de los últimos años en Extremadura.
